El gerente de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, defendió ayer la actuación de la Junta de Castilla y León ante las irregularidades detectadas en la residencia para mayores San José de Fuentesecas, que quedó clausurada y a cuyo titular se ha impuesto una sanción de 70.000 euros por siete infracciones diferentes, según recogió ayer la agencia Europa Press. Fuertes compareció ante la Comisión de Familia de las Cortes para explicar la actuación de la Administración sobre este centro para mayores, que se clausuró en junio de 2011 tras la detección de diversas irregularidades.

El gerente explicó que se detectaron graves irregularidades y la primera actuación que se llevó a cabo fue la recolación de los 16 residentes que se encontraban en esta residencia, que solo tenía autorización para ocho, en otros centros de la provincia.

Fuertes, según la citada agencia, señaló que después se llevaron a cabo investigaciones y el propio Juzgado de Toro fue el que decidió el sobreseimiento del caso en favor de la vía administrativa, mediante la cual la Junta de Castilla y León impuso multas por importe de 70.000 euros por dos infracciones muy graves, tres graves y dos leves. Las sanciones, que son «firmes y ejecutables» han sido notificadas en tres de los casos, mientras que el resto se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León de 24 de febrero.

Fuertes recordó que desde 2005 se hicieron cuatro inspecciones, además de cuatro visitas por parte de personas que valoran la dependencia, que también revisan las condiciones en estas instalaciones, y las irregularidades detectadas en 2008 fueron corregidas. El gerente de Servicios Sociales explicó que además de tener al doble de personas de las autorizadas, en esta residencia se carecía de la documentación y el personal adecuado, se apreciaba suciedad, humedades, medicamentos accesibles o la falta de funcionamientos de timbres de llamada o incluso carecía de los seguros obligatorios.

Fuertes, según recoge la agencia Efe, calificó de «excepcional» lo sucedido en la residencia de Fuentesecas y sostuvo que «sería dañino pensar» que estos centros «funcionan mal» en Castilla y León, cuando «su calidad es muy alta».

Por su parte, el procurador socialista por Zamora José Ignacio Martín Benito criticó que «la Junta solo actuara» en este caso «por la denuncia de un familiar» que llevó el caso al juzgado, cuando había deficiencias previas detectadas por parte de la Administración.

El procurador socialista sostuvo, según la citada agencia, que «fue la alarma social la causa de que la Junta actuara» y criticó que la Administración regional no interviniera antes ni hiciera más inspecciones, que achacó que solo hay cuatro inspectores y un jefe de servicio para las más de 650 residencias que hay en Castilla y León.

Según José Ignacio Martín Benito, desde su apertura en mayo de 2001, la residencia solo tuvo tres inspecciones, concretamente una en 2005, otra en 2007 y otra en 2008 y ya en ésta última se detectaron algunas irregularidades que llevaron a la Administración autonómica a obligar al centro al cumplimiento de algunas medidas. Sin embargo, considera, según la agencia Europa Press, que «no se hizo seguimiento sobre el cumplimiento de las mismas hasta que estalló el caso en verano pasado».