Cada día medio millar de personas mayores del mundo rural comen a mesa puesta. Plato caliente y sano por un precio que oscila entre los tres y cuatro euros. Todo gracias al «milagro» de los comedores sociales que en Zamora empezaron a funcionar hace una década con el de Bercianos de Aliste. Fue esta comarca la pionera de un proyecto también innovador en toda España que nació con todas las bendiciones y hoy no se libra de los aprietos económicos. Para ejemplo un botón. El comedor social de Torregamones, que comenzó a funcionar en noviembre, ha sido reconvertido ya en un telecentro. El Ayuntamiento tardó poco en darse cuenta de su inviabilidad económica.

Mejor suerte corren Bercianos, Corrales, San Vicente de la Cabeza, luego Riofrío después Castronuevo de los Arcos, que llevan años abiertos. Tan bienvenida fue la idea que muchos pueblos acariciaban la posibilidad de ofrecer el servicio a sus mayores. Y fueron creciendo. Hasta hoy, con 32 comedores sociales repartidos por todas las comarcas -la mayoría en Aliste- y otros tantos en proyecto para abrirse a lo largo ¿de este año?. Es una incógnita. El primero en la lista es Villaralbo, que en unos días estará operativo. Y como él una treintena de pueblos preparan los edificios e infraestructura para habilitar los comedores y atender a una creciente población mayor y en no pocos casos sola.

La clave está en saber si todos los ayuntamientos van a ser capaces de soportar un servicio muy loable socialmente pero también costoso. Con las arcas boyantes no se cuestionaba la viabilidad de los comedores sociales, pero cuando no hay dinero es el momento de revisar el modelo. Así se admite abiertamente desde la Diputación Provincial, única institución que subvenciona estos centros con una partida única que cada vez hay que repartir entre más pueblos. «Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas que atravesamos los ayuntamientos y diputaciones, es completamente inviable la apertura de un comedor en cada municipio», se apunta desde la institución provincial.

La idea es «fomentar un servicio de catering en localidades próximas al comedor. Ya son varios los ayuntamientos que cuenta con una cocina industrial y ofrecen este servicio a sus anejos o sirven la comida a domicilio a las personas que no pueden acercarse al comedor. Desde la Diputación apostamos cada vez más por ampliar esta iniciativa a todos los municipios más o menos próximos». La realidad es que el montaje de una cocina industrial y el pago de salarios a las cocineras resulta muy costoso. Se apuesta así por una especie de prestación de forma mancomunada que ahorraría gastos. De hecho, en las bases del último concurso para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de sueldos de las trabajadoras de los comedores, la Diputación destaca entre sus criterios de valoración el acuerdo entre ayuntamientos para prestar el servicio.

El año pasado la cuantía total fue de 200.000 euros repartidos de acuerdo con unos criterios de baremación (número de beneficiarios, centros existentes en la zona o aportación de los usuarios) entre los 32 comedores sociales operativos. ¿Qué va a pasar en un futuro?. ¿Habrá más dinero para este servicio social?, ¿podrán abrirlos todos los pueblos que los tienen proyectados teniendo en cuenta las cada vez más ahogadas economías municipales?.

Pendientes de la elaboración del presupuesto provincial, la diputada de Servicios Sociales, Maribel Escribano, prefiere no prometer nada más allá de un «vamos a estudiar si podemos aumentar la partida para los comedores». Sí apunta la «sensibilidad demostrada por la Diputación a lo largo de estos años con este servicio, pero en estos momentos debemos poner todos algo de nuestra parte, el esfuerzo debe ser entre todos».

Entre los alcaldes se apunta la posibilidad de que la Junta incluyera los comedores en el acuerdo marco sobre servicios sociales que aliviara los actuales problemas de financiación de estos centros. Pero no corren buenos tiempos para nadie.

Especialmente crítico se muestra el alcalde de Manganeses de la Lampreana, el popular Juan Carlos Bueno, quien abiertamente reclama de la Diputación una «trato diferencial» a la hora de aportar las subvenciones «porque no todos los comedores son iguales. Hablo por el nuestro; tenemos unos 30 comensales habitualmente que pueden llegar a ser 40 con el buen tiempo, cuando las personas vuelven al pueblo, y casi nos están dando el mismo dinero que donde se dan once o doce comidas. No me parece justo».

Este Ayuntamiento tiene contratadas a dos cocineras por cinco horas diarias cada una. Según el alcalde, «con 6.000 euros que nos ha dado la Diputación es imposible mantener el servicio; al Ayuntamiento nos cuesta 18.000 euros y no lo podemos soportar». Bueno recalca el «recorte» sufrido desde que se inauguró el comedor, cuando recibió 11.000 euros. «Ahora, con la mitad y más usuarios, desde luego no salen las cuentas. Aquí ha venido el propio Martínez Maíllo a enseñar el comedor a representantes de otras diputaciones porque dicen que es modélico, incluso el partido (el PP) premió esta iniciativa, pero también hay que ver la realidad; nos tienen que apoyar más porque sino los ayuntamientos no podemos asumirlo. Con la subvención que me dan no pago ni a las trabajadoras», insiste el regidor.

El elevado coste del servicio llevó al Ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana a incrementar en medio euro el precio del menú (de 3 a 3,5), «pero eso no nos soluciona el problema. Queremos mantener el comedor y por eso nos estamos planteando no cobrar a todo el mundo por igual sino dependiendo de los ingresos. Está claro es que esto hay que revisarlo. Haremos lo imposible por que no desaparezca pero la Diputación debe ayudarnos más». Juan Carlos Bueno incide en la riqueza que genera en el pueblo el comedor social «porque se abastece de las tiendas, la panadería, beneficia a los pequeños negocios y eso también deben tenerlo en cuenta».

En el sentir de los alcaldes prevalece la apuesta por este servicio a las personas mayores, pero está el escollo de su mantenimiento. Las cuentas que ellos se hacen parecen claras. «Antes el dinero se repartía entre un puñado de ayuntamientos, pero como cada vez hay más comedores lógicamente tocamos a menos», cuestiona el alcalde de Corrales, José Alfonso Martín (Adeiza).

El de Corrales también es uno de los primeros que se abrieron en la provincia -en 2004-, aunque la ocupación se ha reducido considerablemente. Llegó a tener 30 comensales y ahora no llega a la decena. Eso se ha traducido en una reducción del personal, de dos cocineras a una a tiempo parcial. El precio del menú, a 4 euros de acuerdo con un estudio de costes, parece haber influido aunque, con una subvención que no llega a los cinco mil euros, el Ayuntamiento sigue en números rojos con este servicio. «Ni se nos ha pasado por la cabeza cerrar el comedor, pero si se va reduciendo la subvención a ver cómo nos las apañamos» advierte el alcalde.

Como en todo, hay casos y casos. Lubián, con una economía holgada gracias a los ingresos de parques eólicos y las minicentrales (medio millón de euros al año en concepto de IBI e IAE), puede afrontar con más desahogo este tipo de servicios. De entrada, y así lo cuenta el alcalde Felipe Lubián, el edificio del comedor pudo construirse con la compensación de 81.000 euros al Ayuntamiento por una línea de alta tensión de Red Eléctrica, que no tenía obligación de pagar licencia.

Aunque en invierno está «bajo mínimos» por la marcha de los mayores con los hijos (hay cuatro personas que van a comedor y a otros dos se les lleva el menú a domicilio), el Ayuntamiento aprovecha las instalaciones para el comedor escolar, propiciando en ocasiones un enriquecedor encuentro intergeneracional entre mayores, escolares y el propio profesorado. «Al principio fue duro que vinieran los mayores porque había ciertos prejuicios como si esto fuera una beneficencia, pero el tiempo nos va dando la razón y desde luego el comedor es un servicio muy positivo que vamos a potenciar con el centro de día».

Sin embargo Felipe Lubián echa de menos una mayor implicación» de las instituciones supramunicipales. «Nuestros recursos nos permitirán mantener estos servicios sociales, desde luego no por la ayuda que recibimos. Los ayuntamientos no pueden cargar con todo el peso».

Tras cuatro años con el comedor en marcha, el alcalde de Villadepera admite que con la subvención de la Diputación «no nos llega para el funcionamiento». Según José Ignacio Isidro, el Ayuntamiento complementa con 3.000 euros los gastos que genera el centro, dinero que da por «bien» aprovechado» toda vez que el comedor social «cubre el cien por cien de las necesidades».

El regidor sayagués tiene claro que el comedor «es una prioridad; somos capaces de quitar festejos para garantizar esta atención a nuestros mayores». Incluso José Ignacio Isidro apuesta, en un futuro, por ampliar las comidas a los fines de semana o poner un servicio de lavandería. Propósitos en todo caso que requerirán una mayor tutela supramunicipal. En su condición también de diputado, el regidor de Villadepera confiesa haber traslado al presidente Martínez Maíllo que «tenemos que esforzarnos más en todo esto para ayudar a los ayuntamientos. Es verdad que corren tiempos difíciles para todos pero hay cosas a las que no se puede renunciar».