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Sanabria-Carballeda | Los pueblos reclaman el patrimonio natural

El Icona generalizó la expropiación forzosa de las sierras sanabresas

La Administración proyectaba la reforestación masiva de arbolado por encima de los 1.500 metros

 
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La Junta Administradora de San Martín del Terroso está entre las que guardó los documentos y cartas de un proceso obligado de reforestación o expropiación que les arrebató las tierras


El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el desaparecido Icona, dependiente del Ministerio de Agricultura, generalizó en la década de los 70 la expropiación de propiedades vecinales en la Sierra de Porto para su reforestación. Cuarenta años después esas sierras están expropiadas de forma más que anómala, siguen sin reforestar y penden de la figura de protección del Parque Natural del Lago que, por criterio, hace inviable las reforestaciones masivas.


El proceso de expropiación fue significativo. El 23 de mayo de 1975 se hacepública la resolución de la Jefatura Provincial que fija la fecha de levantamiento de actas previas a la ocupación de una docena de montes en el término de Porto declarados de Utilidad Pública, en aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa vigente. Los representantes fueron convocados en Puebla el 11 de junio de 1975. La urgencia de la administración radicaba en la ocupación para la repoblación forestal, por decreto de 10 de enero, e iba a afectar a cumbres por encima de los 1.500 metros de altitud.


La relación de propiedades incluía el Puerto Cañerón, Lastras y Mayada del Pico, propiedad de vecinos de Aciberos; Sierra de Hermisende y el Castillón, también de vecinos de Aciberos; Sierra Segundera I propiedad de vecinos de Barrio de Lomba, Riego de Lomba, San Miguel de Lomba y Lobeznos; Cubelos, Las Corralicas y Majada Vieja propiedad de vecinos de Galende, Limianos y San Román de Sanabria. La lista de expropiaciones se incrementa con Puerto Cañeron y Lastras de vecinos de Hedroso; Majada del Sistral y Puerto del Abedul de vecinos de Lubián; la Sierra Segundera II propiedad de Sotillo de Sanabria. Una última propiedad que entraba en el lote a expropiar eran 86 hectáreas de la Sierra del Cabril, de vecinos de San Martín de Terroso.


La sierra del Cabril pertenecía a 86 propietarios, vecinos de los pueblos de San Martín de Terroso y Terroso. La relación de propietarios de vecinos que compraron la Sierra obra en un documento en el archivo de la Iglesia, recogido en el Protocolo de la Notaría de Puebla de Sanabria en 1920. El Cabril estaba registrado a nombre de sus vecinos.Como nota común de prácticamente todas las propiedades expropiadas a los pueblos es que hay papeles oficiales, que se conservan y figuran ante registro.


En febrero de 1975 se comunica a los propietarios de las fincas del término de Porto, el Cabril incluido, la «Repoblación por Decreto de la Sierra de Porto. El decreto es coercitivo a extremos insuperables porque forzaba a los propietarios a realizar repoblaciones forzosas con sus propios medios o, de lo contrario, se ejecutaba la expropiación.


Con la notificación en la mano, los propietarios tenían 15 días para responder y adoptar las tres soluciones que por escrito proponía Icona; «repoblación por sus exclusivas expensas, mediante los auxilios previstos en la Ley», sujeta además a «los planes que al efecto establezca el Icona»; establecer un consorcio de explotación forestal cediendo de los terrenos; y la «venta directa al Icona en un precio que no sobrepase la mayor de las cifras que resulte de capitalizar al 4% el líquido imponible asignado por el Catastro a la finca y la renta líquida que de la misma se demuestre obtener». De no contestar a ninguna de las opciones se entendía la «renuncia a cualquier modo de enajenación voluntaria de los terrenos».


La Comisión Permanente del Consejo de Dirección del Icona, en sesión de 7 de octubre de 1975, acordó la adquisición de la finca El Cabril en 327.418 pesetas para las 82 hectáreas. La Subdirección General de Recursos Patrimoniales y Reforestación del Icona informa el 10 de octubre y la notificación al representante de los propietarios se efectúa un 13 de enero de 1976.


En una carta manuscrita del representante de la la Junta Administradora se muestra favorable al precio de 4.000 pesetas por hectáreas siempre que se mantenga la cifra para todos los pueblos afectados.


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