La Alianza por la Unidad del Campo, formada por las organizaciones UPA y COAG, expresa su preocupación «por la dinámica de las últimas semanas, donde se están produciendo ataques de lobos en explotaciones ganaderas cada vez más cercanas a los núcleos de población de pequeños municipios e incluso de grandes capitales».
UPA y COAG califican «de inconcebible que la Junta de Castilla y León siga con una venda en los ojos sobre el problema real que afecta a esta región». Ponen de manifiesto que «existe un mutismo y un silencio oficial ciertamente preocupante, y todo a pesar de las continuas denuncias y requerimientos que llevamos haciendo desde hace tiempo sobre el peligro de que las manadas de lobos se estén multiplicando exponencialmente».
La Alianza afirma que ha alertado «de las lobadas en distintos puntos de la región con una característica común, que es la cercanía física de los ataques de animales salvajes en zonas muy cercanas a poblaciones habitadas».
Hacen referencia, entre otras, a los ataque en el municipio de Toro». Los sindicatos agrarios señalan que «el grave problema parece solo preocuparnos a los ganaderos y en general a los ciudadanos del medio rural, porque vista la pasividad, quietud y tranquilidad de la Junta de Castilla y León para actuar puede interpretarse que la Administración regional no les resulta incómoda esta situación».
Consideran que «resulta insólito encontrarnos en una situación como la actual, con una presión inaguantable para los ganaderos, y mientras tanto la Consejería de Medio Ambiente se limita a hacer público ante los medios de comunicación, que no ante las Opas, un seguro privado que rechaza el sector de forma unánime, y que hace recaer sobre los productores toda la responsabilidad de los ataques».
La Alianza recuerda que «son las sentencias judiciales las que están poniendo en su sitio a la Administración regional en varios casos de denuncia por ataques de lobos, ya que los tribunales se han vuelto a pronunciar nuevamente en los últimos meses con nuevos veredictos favorables a los ganaderos apelando a la responsabilidad patrimonial de la Junta, y condenando a la Administración regional a pagar las indemnizaciones oportunas y las costas del proceso judicial».
UPA y COAG insisten en recordar que «no se conseguirá acabar con la situación actual dejando que el problema se solucione por sí solo, porque la realidad apunta a todo lo contrario, con más ataques y cada vez más cerca de la población civil. La única solución pasa por controlar responsablemente la especie y por indemnizar justamente los daños que provocan en la ganadería extensiva de Castilla y León».
La Alianza dice lamentar «el desaguisado de la Consejería de Medio Ambiente con una gestión de manga por hombro, donde se modifican normas con carácter de urgencia en contra de sentencias judiciales, mientras por otro lado sigue con su inmovilismo para aplicar normas demostradamente lesivas contra los intereses ganaderos».
