Monfarracinos volverá a los años cincuenta, al menos, en lo que a música se refiere para evitar el pago que exige la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por los derechos de autor de las canciones interpretadas durante las fiestas patronales.
El alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín, ha pedido que se interpreten estas piezas musicales (exentas de pago) en los bailes de las fiestas de san Martín de Tours que se celebran durante este fin de semana en la localidad. El mambo, el fox trot, el charlestón y algunas piezas de rock and roll podrían ser el repertorio de las verbenas populares de la localidad.
El regidor se muestra «indignado» después de que la SGAE le reclame una cantidad cercana a los 1.000 euros por la música ofrecida en las actuaciones celebradas en el municipio a lo largo de este año y así, para evitar nuevas reclamaciones, se volverá a bailar música de más de cincuenta años.
Martín hace un llamamiento a todos los ayuntamientos de la provincia para que «se declaren en rebeldía y no paguen las cantidades exigidas por la SGAE». Así, explica que «desde hace tiempo tengo unas fiestas de miseria por la situación por la que estamos pasando todos los ayuntamiento y ahora me toca pagarles casi lo que me ha costado la discoteca móvil». Asegura que «según está la cosa, corremos con todos los gastos y además, ahora tenemos que pagar por la música que se toca. Personalmente me niego a pagar impuestos revolucionarios».
El alcalde de Monfarracinos afirma que la Sociedad General de Autores y Editores «se basa en los programas de las fiestas para hacer la reclamación y así, a nosotros nos piden el cinco por ciento de todas las actuaciones de este año».
Manuel Martín explica que «ellos te mandan directamente el dinero que tienes que pagar y voy yo pago, ¿me van a mandar ellos luego la factura?».
Las corporaciones de varios pueblos de la provincia vienen denunciando los abusivos cobros a los que están sometidos por parte de la entidad. En este orden la postura de Monfarracinos viene a refrendar la decisión adoptada a principios de año por los pueblos de Mancomunidad Tierra del Vino al rebelarse contra el canon , que califican como un auténtico «impuesto revolucionario» que obliga a abonar el ocho por ciento de todo tipo de actuación o espectáculo, incluyendo no sólo el caché de los artistas, sino también aspectos de intendencia, como «el alquiler del generador, las luces o el medio de transporte que utilice la figura o el grupo contratado».
