La Juez de Instrucción de Puebla decretó ayer la libertad provisional sin fianza para el ganadero de Peque, Rafael Lobato Prieto, tras ser detenido por no comparecer el martes en el juzgado, denunciado por un presunto delito contra los recursos Naturales y el Medio Ambiente. La denuncia se formuló, el pasado 9 de junio, por el traslado de animales muertos de la explotación a un lugar accesible para el camión de retirada de cadáveres con todos los informes favorables.
Pasadas las nueve de la mañana efectivos de la Guardia Civil del puesto de Mombuey se personaron en el domicilio familiar de Rafael Lobato y practicaron su detención, sin esposarlo. Los agentes trasladaron al ganadero, primero al cuartel de Mombuey y posteriormente al Juzgado de Puebla. Hasta las 121.30 horas no compareció ante la autoridad judicial. Su declaración se prolongó cerca de 45 minutos en presencia de su abogado. Lobato estaba citado a declarar el pasado martes pero no compareció, aunque previamente había recusado por escrito a la Juez. A la puerta del juzgado aguardaron dos familiares y el delegado comarcal de UPA, Pedro Fernández, sorprendidos por esta detención.
Su letrada, Pilar Calvo, recalcó que «era su obligación sacar los animales hasta un punto donde se pudieran retirar. Rafael sabía que en el momento que sacara los animales se le iba a denunciar porque es lo que están buscando determinadas personas del pueblo y de la corporación municipal por inquinas y malos quereres».
Entre los documentos que apuntó ayer la letrada en el acto de declaración está el informe de la Consejería de Agricultura y Ganadería favorable al traslado de los animales hasta un punto de evacuación, informe que también recoge las diligencias informativas de investigación penal incoadas por el Ministerio Público. Días antes de proceder a evacuar los primeros cadáveres de ovejas, el 6 de junio, el ahora acusado, comunicó al Juzgado de Puebla que a partir del día 9 se retirarán los primeros animales de la explotación. Notificación que también presentó en el Ayuntamiento de Peque sin que, por parte de ninguna de las administraciones se hiciera prohibición expresa.
A las cuatro de la tarde del día de autos se sacan los animales «y a las dos horas la Guardia Civil ya levantaba atestado por la denuncia de una persona que se arroga el cargo de teniente de Alcalde del Ayuntamiento, y que en ese momento ni está formado ni hay un acuerdo de Pleno». Pilar Calvo expuso que hay un desconocimiento en cuanto a la manera de gestionar los cadáveres de los animales, pues una vez que muere una res su retirada corresponde al servicio de recogida «que no sabes si va a venir a los cinco minutos o a los tres días. La obligación del ganadero es ponerlo al servicio del camión y lo que no puede pretender el Ayuntamiento es que el ganadero esté a la puerta de la nave esperando. Si eso es un delito, es más delito obligar al ganadero a sacarlos».
Pilar Calvo precisó que la Fiscalía insta al ganadero a sacar las reses y el informe de la Guardia Civil de Villardeciervos afirma que tienen que sacarlas hasta la carretera. Por esa razón «puede y debe sacarlos; y es lo que ha hecho». La letrada recalcó que el problema viene tras el corte de un camino que en 1994 existía hasta la explotación, cuando se construyó la nave ganadera con licencia de obra y licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento y la Junta. El camino se mantuvo hasta 2007 en que el entonces teniente de Alcalde corta el camino. Para la construcción de esa nave se notificó a once colindantes de la finca y el camino que no presentaron alegación alguna según Rafael Lobato. El servicio Territorial emitió los informes favorables desde 1993 cuando se inició el expediente.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Zamora archivó el 27 de abril la denuncia interpuesta por el ganadero contra la corporación de Peque por inutilizar el camino de Chano, que conduce a su finca. El decreto de la Fiscalía recoge que, junto a la denuncia, se aporta diversa documentación para acreditar que Lobato ha tratado de encontrar una solución al corte de camino a su finca, además de exponer la situación ante distintos organismos e instituciones para que se acondicione el acceso.
El equipo de Investigación de Seprona, de la Guardia Civil, y tras realizar una inspección ocular el 28 de abril, redacta un informe que refiere la posibilidad legal de que sea el propio denunciante quien proceda al traslado de los cadáveres hasta el punto de acceso especializado. Este informe fue aportado el 17 de mayo.
