La Fiscalía General del Estado ha solicitado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) un informe sobre los hechos relacionados con el almacenamiento y traslado de cadáveres de animales de la explotación de ovino del ganadero de Peque, Rafael Lobato. Un asunto que lleva sin resolverse desde el mes de septiembre año 2007, y que se surgió a consecuencia del arado del camino utilizado para el acceso a la nave, que ha impedido la entrada del camión de recogida de los animales muertos.

El depósito de cadáveres durante meses y meses, con riesgo para la salud pública y vulnerando todas las leyes medioambientales fue enconándose y ha derivado en sucesivas denuncias administrativas y judiciales, en multitud de escritos remitidos a organismos e instancias de todos los niveles -incluso europeas- y a informes contradictorios sobre las medidas a adoptar. La plena inhibición y el echarse la pelota unas a otras administraciones ha sido la tónica dominante, hasta la sentencia dictada por el Juzgado de Puebla el pasado día 30 de marzo, que ha llevado al ganadero a sacar los cadáveres fuera de la explotación hasta un punto accesible al servicio de recogida de las reses muertas. Un hecho también denunciado y por el que tiene que declarar el próximo miércoles.

La solicitud de la Fiscalía General del Estado está firmada por el fiscal Antonio Colmenarejos, de la sala de Medio Ambiente y Urbanismo, que adoptó esta decisión tras recibir una queja de algunos vecinos del pueblo de Peque.

Por otra parte, el jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Isidro Tomás Fernández, ha solicitado una copia de la sentencia dictada por el Juzgado de Puebla. Movido por este fallo judicial, Rafael Lobato procedió el pasado día 9 de junio a sacar las ovejas muertas hasta una parcela de su propiedad, sita en el paraje del Chano, a escasos metros del casco urbano de Peque, para que la empresa encargada del servicio de recogida pudiera retirar los cadáveres. Ese mismo día fue denunciado por el traslado de los cadáveres y su depósito en la finca, y el próximo día 13 de julio deberá comparecer ante el Juzgado de Puebla, en calidad de imputado, para prestar declaración por un delito «contra los recursos naturales y el medioambiente». De no hacerlo, la citación podrá convertirse «en una orden de detención».

El pasado viernes el ganadero hizo entrega al Juzgado de Puebla de una extensa documentación de alegaciones, conformada por más de 800 folios, donde recoge parte de las comunicaciones remitidas por una y instancia, en casos instando a otros organismos a tomar en consideración el problema. Además, el ganadero carballés solicita una revisión de sentencia por entender que la titular del Juzgado «que me obliga a sacar los animales me imputa luego un delito contra los recursos naturales y el medioambiente por cumplir el fallo judicial».

Lobato señaló ayer que desde el Ministerio de Sanidad se ha trasladado el asunto a la Consejería de Sanidad de Castilla y León por ser la competente en el asunto.

El camino de acceso a la nave es uno de los grandes problemas planteados por cuanto sobre el mismo existen medidas completamente diferentes. En tanto que el Inventario de Bienes de Dominio Público Común de la Corporación de Peque consta un camino, conocido como El Chano, «de seis metros de ancho», y que permitiría el uso de grandes vehículos, otros organismo hablan de un camino con una anchura «que no permite el acceso del camión», razón por la cual en la sentencia se fundamenta que «es el actor quien con sus propios medios debe acercar los animales muertos a aquel punto del camino que permita al camión recogerlos».

La Junta de Castilla y León expresó hace casi cuatro años su voluntad de resolver esta cuestión con el trazado de caminos que conlleva la ejecución concentración parcelaria prevista para el término de Peque, pero es un proceso que permanece, de momento, en las frondas administrativas.

El propio jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Isidro Tomás, ya siguió in situ una retirada de los cadáveres en julio de 2009 por el riesgo sanitario que suponía el cúmulo de ovejas muertas, aunque en esta ocasión el camión discurrió por fincas particulares. Sorprendentemente sobre el terreno dejó el cuerpo descabezado de un gran ciervo matado furtivamente en tales fechas.

Tras la aparición de la enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina), el traslado de cadáveres de las reses domésticas y de materiales específicos de riesgo (MER), está sujeto a unas estrictas medidas y solo pueden realizarlo empresas especializadas y dotadas de medios de transporte autorizados y equipados y tratados adecuadamente para evitar todo contagio o transmisión de posibles enfermedades.