La Audiencia Provincial tendrá que estudiar a fondo el sumario del caso de la trama de Asturianos, en el que se acusa a dos ganaderos y el hijo de uno de ellos y un amigo de éste de cometer un delito de tráfico ilegal de carne de caza mayor y ganado (contra la salud pública) otro contra la fauna y la flora (furtivismo) y otro de tenencia ilícita de armas. El recurso presentado por la Fiscalía contra el archivo ordenado por la juez de Puebla de Sanabria insiste en que hay indicios suficientes de su culpabilidad.
Asimismo, los magistrados de la Audiencia deberán decidir si los tres guardias civiles denunciados cometieron el delito de omisión del deber de perseguir delitos, como sostienen los responsables del coto de Asturianos que acusaron a los agentes de hacer la «vista gorda» para evitar llevar al juzgado a los ganaderos, a los que apuntan como cazadores furtivos que comerciaban con los trofeos conseguidos de forma ilegal en la zona reservada a los socios de ese club. Con la carne de tales piezas servirían a comerciantes y restaurantes de Zamora y de fuera de la provincia.
En esa misma denuncia se indica que estos imputados mantenían en funcionamiento clandestino un matadero ilegal, en el que despiezaban los animales para la posterior venta sin control sanitario. Las escuchas telefónicas confirmarían, a criterio de la Guardia Civil que investigó la causa, estas actividades ilegales que fueron destapadas por responsables del mencionado coto.
Los ganaderos inculpados, dos de los que tienen una mayor cabaña ganadera en la zona, los hermanos P.O.C.F. y J. O.C.F., serían los que acudirían normalmente por las noches a abatir piezas de caza mayor en el coto de Asturianos y alguno más de esta parte de la provincia, de acuerdo con los testimonios recogidos en los interrogatorios policiales y judiciales. La nueva juez de Puebla estimó hace un mes que no había suficientes pruebas contra ellos.
