La titular del Juzgado de Instrucción Puebla de Sanabria ha dictado un auto en el que archiva las diligencias instruidas contra diez personas - entre ellos dos hermanos ganaderos, el hijo de uno de ellos, tres guardias civiles y veterinarios- en la llamada «trama de Asturianos» por presuntos delitos contra la salud pública, flora y fauna, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de perseguir delitos.

La juez únicamente aprecia un presunto delito de tenencia ilícita de armas de los hermanos P. O. C, F. J. O.C, y el hijo de uno de ellos F. J. O. F. por carecer de licencia para la tenencia y utilización de una escopeta calibre 12 de la marca Bettinsoli Tarsicio Armi para la que utilizaban munición de posta y en ocasiones ha sido utilizada por estas tres personas para la práctica de caza, «careciendo los imputados de licencia para la tenencia y utilización de esta arma, siendo considerada su tenencia prohibida». El arma se ocupó durante el registro practicado el 27 de abril del año pasado en las naves y edificios propiedad de los ganaderos de Asturianos.

Así, la resolución de la juez de Puebla exime de cualquier delito a siete de las diez personas incluidas en las diligencias previas, entre las que se encuentran tres guardias civiles. La instructora declara el sobreseimiento libre y el archivo de la causa al no existir indicios racionales de los delitos en los que aparecían como imputadas las diez personas en base al atestado de la Policía Judicial de Zamora.

Únicamente se mantiene la acusación por tenencia ilícita de armas contra los hermanos y el hijo de uno de ellos, para cuyo caso se ordena continuar la tramitación de las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado. El auto se ha notificado al Fiscal y cabe la posibilidad de interponer recurso de reforma contra la resolución en el plazo de tres días desde la notificación.

Las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria tuvieron como base la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil a raíz de la denuncia presentada por un particular relacionado con el mundo de la caza. Los agentes investigaron durante meses los movimientos de los hermanos P. O. C y F. J. O. C, y el hijo de uno de ellos, F. J. O. H., a los que se imputó, junto a otras siete personas, en un delito contra la salud pública, flora y fauna, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia fue presentada el 21 de enero de 2010 por una persona que puso en conocimiento de la Guardia Civil presuntas prácticas ilegales presuntamente relacionadas con un desmedido furtivismo y un matadero clandestino donde se sacrificaría ganado y piezas de caza.

Las pesquisas iniciadas en Zamora se derivaron rápidamente al equipo central operativo de Medio Ambiente del Seprona en Madrid para evitar filtraciones que pudieran obstaculizar la investigación ya que la denuncia implicaba a la Guardia Civil del Cuartel de Puebla de Sanabria por considerar que conocían actividades presuntamente ilegales de los ganaderos y nunca se llegaron a denunciar.

De todo ello la juez únicamente continúa la investigación por presunta tenencia ilícita de armas.