Castilla y León ocupa uno de los últimos lugares por comunidades en consumo de vino, con 10,2 litros por persona y año, según denunciaron ayer las organizaciones agrarias UPA y COAG.

Un estudio de la empresa estatal Mercasa revela que la media de consumo nacional per cápita es de 9,5 litros, aunque por regiones alcanza en Cantabria los 17,7 litros, en Baleares los 15, en Asturias 13,2, en Cataluña 13,1 y en el País Vasco 11,7.

UPA y COAG, que en Castilla y León forman la Alianza por la Unidad del Campo, han advertido, en un comunicado, del «vertiginoso descenso del consumo de vino».

«La situación es ciertamente preocupante para nuestra región, con cinco denominaciones de origen y otras zonas con vinos de mucha calidad, ya que la demanda de los caldos más cualificados se está resintiendo muy seriamente», han alertado las dos organizaciones profesionales agrarias.

Al respecto, han subrayado que «la consecuencia más inmediata es que el precio del vino está cada vez más a la baja, viéndose muy afectadas las rentas de los productores».

Francia consume 50 litros de media, Italia 45, Portugal 42 y Suiza 40 litros por persona y año.

La caída del consumo de vino en España es progresiva y se inició hace varias décadas.

Esta situación ha obligado a muchas bodegas españolas a vender su producción en países europeos y americanos. En los últimos años ha crecido la exportación, sobre todo en Centroeuropa y EE UU.

Las bodegas zamoranas también están encauzando sus producciones hacía el mercado exterior, sin excluir los países asiáticos.

El Gobierno ha convocado subvenciones para programas de información y promoción de productos agrícolas fuera de las fronteras europeas. El programa, según informa la agencia Europa Press, está financiado entre la Comisión Europea, el Estado y organizaciones profesionales del sector, según informó el ministerio que dirige Rosa Aguilar. La financiación no se efectuará de forma igualitaria, ya que la UE financia como máximo el 50% del coste total del programa, el Estado el 30%, mientras que el 20% restante correrá a cargo de las organizaciones profesionales e interprofesionales. La solicitud podrá presentarse antes del 31 de marzo.