Un total de 250 ataques de lobos lleva contabilizados la Junta de Castilla y León en las explotaciones ganaderas de la provincia en lo que va de año, con un saldo de más de 900 animales muertos según precisó ayer el delegado Territorial de la Junta, Alberto Castro. El delegado y técnicos de Medio Ambiente mantuvieron ayer una reunión con los representantes de los sindicatos agrarios de la provincia de Zamora Coag, Asaja y Upa para debatir sobre los problemas y daños que causa el lobo a las ganaderías, con las consabidas discrepancias y desacuerdos.

Los sindicatos, que calificaron el encuentro como «un diálogo de sordos o más de lo mismo», reclaman la reducción del número de predadores, que se abata el cupo de los autorizados, que la Junta de Castilla y León asuma los gastos del rechazado seguro que se exige al ganadero, una indemnización más rápida y una gestión más ligada a la defensa de los ganaderos y despegada de los ecologistas. Apuntan que el número de ataques «se ha incrementado en un 200% en los dos últimos años» y, además, culpan a los responsables de Medio Ambiente en Zamora de ser responsables «de la expansión del problema a otras provincias» de la comunidad por el incremento que ha registrado el cánido «por tenerlo superprotegido en Zamora», al decir del secretario provincial de UPA, Aurelio González.

El delegado Territorial dijo conocer «el sentir de los sindicatos y tener un mapa real del problema», e incidió en la imposibilidad de realizar una gestión más descastadora de la especie al sur del Duero por los imperativos de la normativa europea que impiden considerar al lobo «como especie cinegética». Para la temporada 2010-11, expresó, se autorizará la muerte «de tres ejemplares dañinos» que actúan en la zona de La Guareña y Sayago. Insistió en que la Junta ha reclamado una y otra vez tanto a la Comunidad Europea como al Ministerio de Medio Ambiente el cambio de calificación de la protección del lobo al sur del Duero para permitir su caza y, en consecuencia, un mayor control de la especie.

Precisó que en este año se han controlado en la provincia «un total de 18 ejemplares (17 zona norte y uno al sur del Duero)» pero, según dijo, en Medio Ambiente consideran que han muerto «otros 18 ejemplares de manera furtiva». Para dar mayores posibilidades de caza, se ha prolongado el plazo de los aguardos de tres días a tres meses.

Defendió la suscripción del seguro del lobo por parte de los ganaderos como el mejor sistema de gestión cuando se produce un daño, y subrayó que se están pagando los animales, incluido el lucro cesante, «por encima del precio de mercado».

José Manuel Soto, de Coag, insistió en que «sobran lobos»,y reclamó «una decisión política y no de los técnicos». Pidió que la Administración reconozca que sobran lobos y «no ceder a la presión de los ecologistas capitalinos, a quienes considera que hacen una defensa del lobo por el interés de su capital, para organizar rutas turísticas y realizar estudios».

Todos los representantes de las organizaciones agrarias, y también el delegado Territorial, se mostraron a favor de «la convivencia» con el lobo, pero para la responsables sindicales «la Administración debe primar a los ganaderos». En este sentido hicieron mención a las dificultades que atraviesa el sector para mantenerse en los pueblos. «Cuando desaparezcan los ganaderos veremos si los ecologistas echan de comer a los lobos» dijo Soto. Para Vicente Calzada, presidente de Asaja, «el elevado censo de lobos en amplias partes del territorio está poniendo en peligro al continuidad de la actividad ganadera tradicional, siendo ya inviable en algunas de ellas». Además pidió que «el crecimiento vegetativo de las poblaciones de lobos sea cero en Castilla y León». Aurelio González, de Upa, y que también aludió al elevado número de ataques, exigió a la Junta que cumpla «estrictamente» el Plan de Gestión del Lobo que recoge que debe nutrirse «de las especies silvestres».