La Alianza por la Unidad del Campo, integrada por COAG y UPA, exigen un control «estricto y efectivo de la población de lobos en la provincia de Zamora» e indemnizaciones justas a los ganaderos. Las organizaciones agrarias han convocado para el próximo martes, día 23, una movilización frente a la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora para protestar por los daños causados por la fauna salvaje a la ganadería.

Miguel Blanco, presidente de COAG, explicó que «estamos hartos de exigir un control riguroso de las especies silvestres y en concreto de los lobos y que la administración regional haga caso omiso». Blanco considera que «la Junta es la responsable y no los ganaderos de la proliferación peligrosa de la fauna salvaje que causa graves daños en las explotaciones» y asegura que tal situación «nos está abocando a la expulsión del campo de la ganadería extensiva y las razas autóctonas».

El presidente de COAG asevera que los daños «no están compensados en ningún caso por las indemnizaciones». Asimismo, acusó a la Junta de Castilla y León de «favorecer el asentamiento y proliferación del lobo en zonas del sur del Duero» y calificó de «fracaso» la gestión del lobo realizada por el ejecutivo regional, recordado que en la temporada 2009-2010 la Junta autorizó la caza de un cupo de 37 ejemplares de lobo en la provincia, «siendo conscientes de que no se iban a cazar, ya que, finalmente, solo se abatieron 17».

Según datos de COAG y UPA el pasado año los ataques de cánidos causaron la muerte a 815 reses, un 203% más que en 2008.

Aurelio González, secretario provincial de UPA, explicó que «el ganadero ya no puede soportar más los costes por los daños de la fauna» y pidió que la Junta «se haga cargo de los daños sean donde sean sin tener en cuenta el tema del seguro».

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, reconoció ayer durante su visita a Zamora que los lobos causan «daños importantes» a la ganadería, pero ha defendido el sistema de ayudas que actualmente tiene el Gobierno regional para estos casos. «Hay técnicos expertos que son los que marcan qué actuaciones hay que llevar a cabo en cada zona y los cupos de caza que se consideran necesarios», explicó. La consejera de Medio Ambiente ha defendido el Plan de Gestión del Lobo, aprobado en 2008, «y en el que se intentan conjugar todos los intereses».