El grupo Socialista de Galende ha solicitado ante el Ayuntamiento de Galende el archivo y la declaración de caducidad del expediente de Revisión del Planeamiento General del municipio que afecta a los pueblos de Vigo, Ribadelago, San Martín de Castañeda, Pedrazales, Galende, Rabanillo, Cubelo, Ilanes y El Puente de Sanabria además del poblado de Moncabril.
Dentro del plazo de alegaciones al que se sometió el planeamiento general los concejales del PSOE, con su portavoz José Manuel Chimeno Lois, han prestado el escrito para alegar que el planeamiento se está tramitando fuera del plazo legal, de un año, establecido por la Ley 4/ 2008 de 15 de septiembre de Urbanismo de Castilla y León.
El PSOE señala que la Disposición Territorial Transitoria Segunda de la Ley contempla expresamente que «los instrumentos y procedimientos regulados en la Ley que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, podrán resolverse conforme a la legislación anterior» con el plazo máximo de un año para completar esa resolución. El plazo comienza a descontarse desde la aprobación inicial, su publicación oficial o la presentación de la solicitud con toda la documentación.
Con la ley derogada y transcurrido ese plazo «no puede concluirse un procedimiento o planeamiento general» en base a una ley que ya no está en vigor.
El segundo argumento para solicitar la anulación del expediente es la falta de contestación a las alegaciones presentadas por escrito por el grupo socialista en el trámite anterior, que la alcaldía no ha resuelto «ni en tiempo ni en forma». El grupo de la oposición solicita que de continuar adelante con la tramitación que el PSOE tacha de ilegal «se tengan por reproducidas».
Los concejales socialistas denuncian que el documento urbanístico «continúa repleto de ilegalidades, fundamentalmente en lo que se refiere a la clasificación de suelos». En este sentido el grupo apuntó la clasificación de suelo urbano a terrenos que carecen de servicios urbanos necesarios para su clasificación. Los más beneficiados de esta presunta irregularidad son «titularidades directa e indirectamente vinculadas al equipo de Gobierno del Partido Popular» de Galende.
La aprobación inicial del expediente, por parte del equipo de Gobierno, ha permitido «consentir la ejecución de actuaciones que en principio podrían adecuarse a las nuevas calificaciones y clasificaciones». Una permisividad «en beneficio propio, en contra del interés general que podrían incurrir en ilícitos penales». El PSOE no descarta acciones judiciales contra la corporación.
Las recalificaciones denunciadas por el PSOE aparecen en el documento a información pública, sin aclarar el titular catastral de los últimos cinco años, como establece la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Uno de los núcleos más perjudicados por la reducción de suelo urbanístico es San Martín de Castañeda donde, en lugar de ampliar el suelo para edificar, se reduce.
