El pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó ayer leyes europeas y sanciones contra los abusos en la fijación de los precios de los alimentos, con el fin de mejorar los ingresos de los agricultores y la información que recibe el consumidor. La Eurocámara aprobó un informe en el que reclama una legislación que permita un reparto más justo de los márgenes de beneficios en la cadena alimentaria. El dictamen fue defendido por el eurodiputado francés José Bové (Los Verdes), conocido político contra la globalización.
El PE ha exigido medidas para poner fin a actuaciones como la morosidad en los pagos o las ventas a pérdidas. En concreto, la Eurocámara ha sugerido una catalogación de las prácticas abusivas de mercado y su prohibición expresa por parte de la Unión Europea. Además, ha solicitado establecer una lista pública de las empresas incumplidoras para que sean sancionadas y que se reduzca a un límite de 30 días el plazo de los pagos en toda la cadena de suministro de alimentos en general, y sea más corto para los productos muy perecederos.
Los eurodiputados han subrayado también que el abuso de las «marcas blancas» tiene un impacto desfavorable sobre los productores y han pedido que los principales distribuidores, transformadores, mayoristas y minoristas presenten obligatoriamente un informe anual sobre sus cuotas de mercado en alimentos «clave» (incluyendo datos sobre sus marcas blancas) y también sobre sus volúmenes mensuales de ventas.
José Bové remarcó el incremento reciente de los precios de los cereales, del 40%, que perjudica a los ganaderos en Europa y África y que el agricultor se lleva un 20% del margen de beneficio.
Reacciones
Productores
El Comité de organizaciones agrarias y cooperativas europeas (Copa-Cogeca) expresó su satisfacción por el informe aprobado por el PE y respaldan además una relación entre las normas de competencia y la Política Agraria Común (PAC).
Minoristas
La asociación EuroCommerce considera que el documento incuye «ideas erróneas» sobre la realidad del sector, por ejemplo, porque «asocia etiquetas privadas con prácticas abusivas» y da una imagen «excesivamente negativa» del comercio detallista.
