Más de un año de papeleo intenso y permanente con la Junta de Castilla y León y sin cobrar los daños ocasionados en los cultivos por los conejos. Ese es el particular calvario de una joven agricultora, «a título principal», con parcelas en los términos municipales de Tapioles y San Agustín del Pozo.

María Cristina Guerrero reclama a la administración regional 5.724,99 euros por los perjuicios causados por los roedores en 27 hectáreas de tres parcelas sembradas de veza y cebada durante la campaña 2008-09. Dichas tierras, ubicadas dentro de la Reserva Regional de Caza de las Lagunas de Villafáfila, estaban «prácticamente ocupadas por los conejos y llenas de madrigueras».

Su particular «relación epistolar» con la Junta se inició en abril de 2009 cuando se comenzaron a ver los perjuicios en más del 50 por ciento de los sembrados. Para entonces, la agricultora encarga un informe a un ingeniero técnico agrícola para que realice un estudio de la situación y «se visa» para que quede constancia.

La perjudicada considera que «son ellos los que deben tomar medidas para exterminarlos, ya que en las tierras no se puede hacer nada por estar dentro de la Reserva». Tras el tiempo transcurrido entre reclamación y reclamación va más allá y pide «justicia», a la vez que califica la actitud de la Junta de «aletargamiento y pasotismo» .

Las perdidas se incrementan, sobretodo, en el caso del cultivo de la veza, ya que la perjudicada tiene un contrato de multiplicación de semillas, «con un daño del 50 por ciento y cuyas semillas tendrían que haber sido pagadas a 480,80 euros por tonelada».

Considera que las acciones de los conejos en los cultivos pudo ser provocada «por la ausencia de vegetación y se comían todo. Esta campaña al haber más hierba la cosa ha sido menor». Sin embargo, parece que estas parcelas de Tapioles y San Agustín del Pozo, tiene un «mal de ojo» por que ha sufrido inundaciones que arrasaron todos los cultivos en 2001; una plaga fulminante de topillo en 2007; la acción de los conejos y avutardas en 2008 y la actual de 2009.

Tras la entrega de muchos informes y peticiones solicitadas por la administración regional se entra a finales de pasado año en una discrepancia de cifras con un técnico agrícola contratado por la Junta, el cual tasa en agosto los daños realizados por la fauna silvestre en 945 euros y en un informe asegura que «una vez vista la mencionada parcela, se observa que fue sembrada de veza. Debido a las circunstancias meteorológicas desfavorables, la nascencia fue muy baja y la tierra no se ha llegado a cosechar». Ante esto, María Cristina Guerrero asegura que «tiran para abajo todo lo que pueden. Son cicateros» y explica que si no se segó esa tierra fue «para dejar testimonio de los daños ocasionados. La veza, que es un forraje, se tiene que cosechar a finales de junio, ya que sino las vainas se abren, las semillas se caen, no valen para nada y sirven de comida para las palomas».

La agricultora considera la situación «intolerable» y asegura estar harta de «entregar hasta doce informes ya remitidos, compulsar y duplicar documentos». Las demandas han pasado en marzo de este año al Consejo Cultivo, sin embargo, tras varias gestiones realizadas en agosto conoce que «la institución ha remitido ya el expediente completo a la Consejería de Medio Ambiente en el pasado mes de mayo y ya no sabemos más. Todo es silencio».

La perjudicada considera que se «está buscando el silencio administrativo y lo que queremos es "justicia" para los daños».