31 ovejas muertas siguen en la granja del ex alcalde de Peque

J. A. GARCÍA Un total de 31 cadáveres de ovino es el montante apilado hasta el momento en la explotación ganadera del ex alcalde de Peque, Rafael Lobato. De nuevo ayer, el camión enviado por la empresa Gesucas, S. A., encargada de la recogida, fracasó en su empeño y hubo de retroceder ante la imposibilidad de llegar hasta el impactante cementerio conformado con animales, que desde diciembre permanecen retirados sobre un remolque y a la intemperie en muy diferente grado de descomposición.


El vehículo pesado consiguió adentrarse unos 300 ó 400 metros, pero llegado al lugar donde se ha venido empantanando en las últimas ocasiones al conductor no le quedó más remedio que retroceder y abandonar el lugar de vacío. Fuentes de la empresa encargada de la recogida expresaron ayer que, «según las condiciones de la póliza de Agroseguro, nuestra obligación es intentar entrar, pero tiene que existir un camino de acceso». Hicieron referencia a las enormes dificultades encontradas en anteriores intentos, llegando a atollarse el vehículo de tal modo que ha sido necesario recurrir a una grúa para desatascarlo. Todos estos fracasos son puestos por la propia empresa en conocimiento de la Unidad Veterinaria de la zona y de Agroseguro.


Anteayer se cumplieron cuatro meses de la denuncia interpuesta por el ganadero ante la Guardia Civil, reclamando que se instara a la apertura del camino, aunque es un hecho que viene arrastrándose desde hace más de tres años. Lobato señala que «ahora que hace calor hay un olor que no hay sujeto que pare en las cercanías porque dan hasta vómitos». Señala, además, «que nadie puede darse a desconocimiento porque han sido puestos al corriente los servicios de Medio Ambiente, Sanidad y Agricultura de la Junta de Castilla y León, así como la Subdelegación del Gobierno e incluso la Fiscalía».


Sobre el ganadero de Peque pesa un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Duero que ha sido recurrido por segunda vez. La sanción asciende a un importe de 1.000 euros y se cimenta en la posible contaminación de los acuíferos. También se ha recomendado al ganadero «a cumplir la Ley de buenas prácticas agrarias» de la Junta , que según afirma, «es imposible cumplir por la falta del acceso a la nave». Por su parte, la Dirección General de Agricultura de la Junta también le exige «el cumplimiento de la Ley de Sanidad Animal». El ganadero solicitó permiso para transportar los animales hasta la carretera, a través de las fincas particulares, pero afirma no haber recibido la autorización. El caso también está en manos del Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria, a quien la empresa de recogida de cadáveres igualmente ha informado sobre los particulares. Incluso responsables sanitarios de la zona han informado sobre la existencia de este acúmulo de cadáveres a las instancias médicas superiores.