El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sanzoles formado por dos concejales socialistas y dos independientes ha presentado recurso por el archivo de la denuncia presentada contra el ex alcalde popular Federico Polo, a quien el actual equipo de Gobierno acusó de haber presentado dos facturas presuntamente falsas por un mismo concepto, las obras que se realizaron durante su mandato en una de las casas de los maestros y un importe de algo más de 3.000 euros.

El asunto salió a la luz cuando el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sanzoles planteó la moción de censura para hacerse con el mando municipal, apoyado por los independientes. Una situación que no era nueva ya que al principio de la legislatura cuando el socialista Eleuterio Sánchez salió designado alcalde con los votos de Coalición Independiente hubo ya una primera moción firmada entonces por los populares que se aliaron con los independientes mandando a Eleuterio Sánchez y sus compañeros concejales a la oposición. De aquella, Federico Polo se puso al frente de la Administración Local con el respaldo de sus concejales y de los independientes hasta hace aproximadamente un año cuando una segunda moción rubricada por socialista e independientes colocó a Juan José Gallego en el sillón de mando.

Las mociones de censura provocaron serios enfrentamientos verbales entre los miembros de la corporación, y una de las consecuencias fue la denuncia por presuntas facturas falsas, que los cuatro ediles llevaron en persona hasta el juzgado, mientras que el ya ex alcalde Federico Polo aseguraba que las cosas estaban en regla. Ahora, el juzgado ha archivado la denuncia y ante esta decisión el equipo de gobierno ha presentado recurso.

Además de la denuncia presentada por parte de la corporación del Ayuntamiento de Sanzoles contra el ex alcalde, Federico Polo, el tortuoso proceso de la moción de censura dejó también otras consecuencias judiciales, como la denuncia que en su día presentó el concejal independiente José Miguel Barbero contra otro concejal del PP, Miguel Ángel Arribas por las amenazas que el primero denunció haber recibido en su casa en el periodo transcurrido entre la presentación de la moción y el pleno en el que se concretó la misma. Esta denuncia acabó en un juicio de faltas que dio la razón a Barbero.