Tres guardias civiles del Cuartel de Puebla de Sanabria quedaron ayer en libertad hasta ser interrogados por la juez tras atribuirles una presunta dejación de funciones en la persecución del presunto tráfico ilegal de carne de caza por la que se han detenido a tres miembros de una familia en Asturianos. Comercio ilegal de carne de caza mayor, prácticas furtivas o tenencia de armas son algunos delitos que investiga la Guardia Civil para determinar el alcance de la operación que se saldó con la intervención de cabezas de corzo y ciervo, además de diversas armas. La «investigación interna» abierta por la Guardia Civil concluyó con la detención. Por otro lado, tres inspectores de Sanidad analizarán la carne intervenida que se encontraba en contenedores frigoríficos.
Tres guardias civiles del Cuartel de Puebla de Sanabria quedaron ayer en libertad sin cargos tras atribuirles una posible dejación de funciones en la persecución de delitos, entre otras infracciones, en el caso de las actuaciones furtivas y tráfico ilegal de carne de caza mayor en Asturianos. El asunto, que se destapó el pasado martes con la detención de tres miembros de una misma familia, los hermanos P. O., y F. J. O., y el hijo de uno de ellos J. O., ha tomado un nuevo cariz con la presunta implicación de agentes de la Benemérita.
Las diligencias que ya están en manos del Juzgado de Puebla se abrieron a raíz de un atestado elaborado por la propia Guardia Civil, todavía en fase de investigación, para esclarecer las prácticas furtivas y venta de caza mayor de forma ilegal por lo que están detenidos tres ganaderos de Asturianos, muy conocidos en la zona.
Así, la operación permanece abierta en diligencias preliminares que instruye la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora, por lo que los seis implicados aún no han pasado a disposición judicial y hasta el momento sólo han sido interrogados por agentes de la Benemérita que mantenían abierta una investigación interna desde hace tiempo para determinar la actuación de integrantes del Cuartel de Puebla.
Los agentes, que son dos guardias jóvenes y uno más mayor, pasarán a lo largo del día de hoy a disposición judicial junto al resto de los supuestos integrantes de la organización para ser interrogados por la juez de Puebla. Debido al secreto sumarial decretado para no interferir en la investigación policial, ni abogados ni presuntos implicados, conocen los detalles de los delitos por los que se les acusa.
Por otro lado, la Fiscalía tendrá que decidir ahora qué infracciones penales podrían haber contravenido guardias y ganaderos en su actuación con el presunto comercio ilegal de caza mayor.
La detención de tres miembros de una misma familia de ganaderos de Asturianos, los hermanos P. O., F. J. O. y el hijo de uno de ellos J. O., ha destapado un presunto caso de furtivismo de gran magnitud. A tal punto llegaron las pesquisas que la Benemérita abrió hace tiempo una «investigación interna» para conocer cuál ha sido el «comportamiento» de la Guardia Civil en el territorio. Investigación que ha concluido con la detención y posterior puesta en libertad de tres agentes.
Se trataba de determinar si algún miembro del Cuerpo en la zona pudo no actuar con la diligencia necesaria para esclarecer los presuntos delitos que se investigan, relacionados con la salud pública, furtivismo, comercio ilegal de carne y tenencia de armas. La investigación interna explicaría la presencia de unidades centrales en la operación llevada a cabo la mañana del pasado martes en las propiedades de los detenidos, apoyando a los agentes de Zamora. Un trabajo que se ha llevado con la máxima reserva para culminar con éxito la operación que aún sigue abierta y cuyas diligencias instruye el Juzgado de Puebla de Sanabria, que ha decretado el secreto de sumario.
Los registros llevados a cabo la mañana del pasado martes en casas y naves de los ganaderos detenidos junto a la toma de declaraciones de los presuntos implicados, familiares y otras personas del entorno, se prolongó durante toda la mañana del martes con un espectacular operativo que se saldó con la intervención de cabezas de corzo y ciervo, así como armas.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, confirmaba ayer la vigencia de la operación; «estamos en el proceso de investigación para profundizar sobre ello». De hecho, ayer proseguían los trabajos para recabar pruebas e información que sustente los hechos que se investigan.
Una de las líneas abiertas es la posible comercialización de carne de caza mayor (corzo y ciervo) obtenidos de forma furtiva y que se podría haber distribuido en restaurantes, fundamentalmente de Madrid. Desde el Juzgado de Puebla se solicitaba ayer la disponibilidad de tres inspectores del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta para analizar la carne intervenida de contenedores frigoríficos.
La investigación trata también de determinar hasta qué punto llega la red de comercialización de la carne que se habría destinado a consumo humano sin garantías sanitarias.
