Tres miembros de una misma familia, dos hermanos y el hijo de uno de ellos, vecinos de Asturianos y titulares de una importante explotación de ganado, permanecían ayer detenidos en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, donde prestaron declaración después de que la mañana del pasado martes se les incautaran en su domicilio decenas de cabezas de ciervos y corzos, presuntamente procedentes de cacerías furtivas.
La operación, que aún sigue abierta y se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial, según ha confirmado la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera, es fruto de una larga investigación que podría tener ramificaciones fuera de la provincia. De hecho, en la desarticulación han participado unidades especiales de fuera de la provincia junto a patrullas del Seprona y agentes de la Guardia Civil de Zamora.
La investigación se ha saldado, por el momento, con la detención de tres personas -F. J. O., P. O. y J. O.-, a las que inicialmente se sumó otra, menor de edad. Este último quedó en libertad, pero los hermanos y el hijo de uno de ellos (conocidos ganaderos de Asturianos) fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, donde ayer prestaron declaración y se estaba a la espera de la decisión que tomara el Juzgado de Puebla de Sanabria.
La detención se produjo a primera hora de la mañana del pasado martes. Fuentes vecinales aseguran que antes de las 7 de la mañana ya se vieron coches y agentes de paisano en las inmediaciones del domicilio de los presuntos implicados, en el centro de la localidad. A las primeras dotaciones se fueron sumando después patrullas de la Guardia Civil en un espectacular operativo que no pasó desapercibido en el pueblo.
Los guardias registraron naves y propiedades de los ganaderos, incautando diversos trofeos de caza mayor, fundamentalmente cabezas de ciervos y corzos, presuntamente obtenidos mediante prácticas furtivas. Tras la localización de las piezas, los agentes se llevaron detenidas a tres personas.
Las diligencias abiertas intentan determinar si las piezas de caza eran comercializadas en establecimientos de fuera de la provincia para su consumo en restaurantes.
A los detenidos se les imputa un presunto delito contra la salud pública.
