Calabor reclama el terreno donde está el parque Nerea I

J. A. GARCÍA La propiedad del terreno donde se asienta el parque eólico Nerea I quedó ayer más oscura que nunca en el Juzgado de Puebla de Sanabria por cuanto que la Junta Vecinal de Montes Vecinales en Mano Común de Calabor defendió ser la dueña una parcela que, según Pedro Rodríguez y para sorpresa de todos, no tiene una extensión de 348 hectáreas sino «cerca de tres mil»; y por tanto incluye a todos los aerogeneradores puestos en marcha. Por contra, un testigo-perito esgrimió un informe que situaba la finca registrada a favor del vecindario fuera del perímetro que acoge la instalación energética y, en consecuencia, sin ningún derecho a percibir beneficio alguno de la actividad energética.


El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería, por su parte, mantiene el criterio de que los molinos están «en terrenos comunales», y por tanto del municipio.


Los intereses de unos y otros están más que justificados teniendo en cuenta que el parque eólico de Nerea está valorado «en más de 35 millones de euros», y que reporta anualmente a los dueños del terreno unos sustanciosos beneficios de 150.000 euros por el pago del canon. El Juzgado de Puebla de Sanabria cerró ayer la sesión de comparecencia de los llamados declarar con motivo del litigio incoado sobre el parque eólico Nerea I.


El juicio ha debido repetirse después de que la Audiencia Provincial admitiera el recurso por indefensión presentado por las entidades bancarias que financiaron, por el sistema leasing, a la promotora, y que lo hicieron después de revisar a conciencia toda la autorización por «el riesgo enorme» que supone financiar un proyecto de este calibre.


La maratoniana sesión protagonizada ayer en el Juzgado de Puebla duró toda la mañana, y eso que la jueza agilizó cuanto pudo cortando por lo sano preguntas reincidentes o que escapaban al asunto concreto.


El presidente de la Sociedad Gestora de Parques Eólicos (Gegal SA) Javier Gracia confirmó la negociación realizada con el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería, que se ofreció como propietario del terreno. Manifestó no dudar nunca de la voluntad del Ayuntamiento, «que dijo que era suyo, porque entonces apaga y vámonos». A preguntas de la jueza subrayó que, en cuanto a la propiedad, «da más garantías el Registro que al Catastro». Hizo hincapié en que la empresa « sigue pagando religiosamente el canon», y precisó que «la empresa busca viento y no nos preocupan los propietarios», aunque remarcó que «el canon pertenece al legítimo propietario del terreno». Gracia insistió en la voluntad de pagar el canon «al legítimo propietario».


Seguidamente una representante de las entidades bancarias La Caixa, Banco Sabadell y Caja de Pensiones explicó la operación financiera del crédito concedida a Gecal SA para poner en macha la instalación energética, en la que también entra el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una operación aprobada tras una rigurosa revisión de toda la documentación que verificó «que era limpia» y, según expresó, «por eso entró en financiación». A preguntas de la letrada de la demanda, sobre si habían tenido en cuenta el registro de la propiedad del terreno donde se ubicaba el parque, declaró que «yo nunca vi el título de propiedad porque es algo que hacen los asesores, pertenecientes a un gabinete externo de reconocido prestigio». Afirmó, además, que «no se concede un préstamo sin tener asegurado que el cliente tiene el terreno sobre el que instala el parque».


El vecino y concejal de Calabor, Pedro Rodríguez Chimeno, una y otra vez justificó sus aprobaciones a favor de la instalación eólica, actuando como concejal del Ayuntamiento, «por ser un beneficio», pero haciendo constar que siempre dejó patente que los terrenos donde se asentaba el parque eran de Calabor. Defendió con vigor que la parcela que acoge los aerogeneradores es de los vecinos «porque es algo de lo que tenemos conocimiento de toda la vida y por venir de tradición». También dijo que en el pueblo «tienen clarísimo» dónde está la finca así como los límites de la misma. Sorprendió, además, al señalar que «estamos en que la finca 92 tiene en realidad más de 300 hectáreas», y elevó la superficie «a casi 3.000 hectáreas». El ex alcalde y firmante de la cesión del terreno a Geza, Gregorio Arias, de 85 años y que rehusó declarar sentado, se reafirmó en el carácter comunal de los terrenos y, por lo demás, remitió a las actas para dejar clara sus determinaciones.


El topógrafo Raúl Camarero sacó a colación un informe realizado tras un exhaustivo estudio, según el cual la finca que apunta la Junta Vecinal como suya está fuera del perímetro que acoge el parque eólico. Admitió,, no obstante, que las actas de deslinde territorial deslindaban términos municipales, y no fincas.