El juez obliga a indemnizar con 200.000 euros a los vecinos del edificio desalojado de Villalpando

BELÉN ALONSO, VILLALPANDO Las nueve familias desalojadas de un edificio de Villalpando declarado en ruina desde hace cuatro años y que llevan 20 años en juicios se sienten «decepcionados e insultados», tras conocer la sentencia firme del Juzgado de la Villa en la que se obliga a indemnizarles con 200.000 euros para el arreglo total del bloque de viviendas. Ante tal decisión los afectados, a través de su abogado, han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Zamora con el fin de que ésta revise el caso, «lo último, último, que ya podemos hacer».

Los vecinos no dan crédito a la cantidad marcada por la sentencia, cuando «hay tres proyectos, de la parte contraria de la mutua Asemas, de la nuestra y un proyecto conjunto de las tres partes que dicen que el arreglo del edificio cuesta entre 900.000 y un millón de euros. ¿Cómo puede ser que un perito judicial diga que todo esto se puede arreglar con 200.000 euros?».

Los propietarios de las casas y de los locales del edificio ubicado en la carretera de Medina de Rioseco esquina con la calle Altasangre de Villalpando están al «límite» tras ver como han pasando los años, los largos procesos y al final no llega el dinero para nada. Los vecinos afirman que «hay gente que está pagando los gastos del larguísimo proceso, la hipoteca de esos pisos y a la vez un alquiler. No hay economía que los sujete y hay quienes lo están pasando realmente mal».

Los vecinos muestran su disconformidad con la sentencia porque consideran que con esa cantidad «no llega para nada. Si con ello al menos se arreglará algo pues... ya veríamos pero es que hay mucha diferencia de dinero entre lo adjudicado y lo que afirman los otros proyectos presentados». Según pudo comprobar este periódico en los estudios elaborados por las partes el dinero que marca la sentencia «solo» serviría para realizar actuaciones de refuerzo de la estructura, sin entrar en detalles del presupuesto de la adecuación del inmueble en si. Es decir, cerrar grietas, humedades, recomponer los muros caídos, adecuación de aleros ... etc y sin hablar del importe por una supuesta demolición y nueva construcción del inmueble (944.882.000 euros).

Insisten, una vez más, que «no queremos dinero. Queremos volver a nuestros pisos adecentados y habitables. No hablamos de hacerlos nuevos, pero si en las condiciones adecuadas para vivir en ellos sin peligro». Algunos de los afectados se muestran contrarios a volver a sus viviendas «si no cumplen con todas las medidas de seguridad», es más una de las vecinas asegura tajantemente que « sin un gran arreglo yo no me arriesgo a volver. Tengo una familia y no voy arriesgarla, porque verdaderamente no se ve como está el edificio». Los afectados denuncian, además, que la parte contraria «lleva dos años sin pagar los alquileres de las viviendas actuales de los vecinos desalojados».

A la espera del resultado del «último cartucho» quemado por los vecinos, estos no pueden por menos que volver la vista atrás para ver en qué han quedado sus vidas desde que comenzarán con los litigios en octubre de 1991 cuando en una reunión acuerdan por unanimidad actuar judicialmente ante los fallos de estructura del inmueble que están causando grietas en las paredes, suelos y techos, así como roturas de mosaicos y bajadas del nivel del suelo. Un arquitecto solicitado por la comunidad de vecinos en una primera inspección detecta que los daños ocasionados en la edificación «son consecuencia de las deformaciones a las que se ve sometida la estructura por falta de rigidez de distintos elementos que la componen».

En este tiempo se hacen obras en el local de abajo del edificio con el fin de instalar un bar. Esta remodelación acentuó aún más la anchura de las grietas.

El 19 de junio de 1997 el Juez del Juzgado de Villalpando, dicto sentencia condenando a los demandados (arquitecto, aparejador y constructores). El 13 de mayo de 2005 la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento villalpandino acuerda la orden de desalojo inmediato y apuntalamiento del edificio, todo ello en un plazo de 24 horas, ordenado por el arquitecto asesor del Consistorio tras una visita de inspección al edificio de viviendas y locales comerciales.