BELÉN ALONSO.
Una comunidad de propietarios de la localidad de Peque de la Carballeda acusa a la alcaldesa de despojar a los particulares de sus fincas tras haberlas declarado «abandonadas» en un informe medioambiental realizado el pasado mes de enero e incluirlas en la nueva ordenación del territorio como terreno público protegido. A la vez exige que se pare el Plan de Ordenación Urbana del municipio y que se termine el aparcelamiento que «estaba en fase de adjudicación de parcelas».
Los vecinos aseguran que la regidora «ha despojado a los particulares de la utilidad de sus fincas sin una razón clara. Creemos que único motivo existente es solventar un problema con su vivienda». La comunidad de propietarios acudió ayer al Servicio de Medio Ambiente de la Junta para asesorarse plenamente sobre todo lo concerniente al problemático Plan de Ordenación Urbana que se está llevando a cabo en el municipio y que trae enfrentados a los vecinos.
El portavoz de la comunidad de propietarios, Felipe Lansera, explicó en rueda de prensa, que «la alcaldesa quiere legalizar sus viviendas cuando están fuera de ordenación y las tiene como terreno urbano consolidado, con consolidación de residencial, cuando todo lo que rodea su finca lo pone como urbano con actuaciones aisladas».
Terrenos de labor
La reordenación del territorio afecta de una u otra manera a todos los vecinos del pueblo que hasta el momento han presentado más de 400 alegaciones contra el proyecto. Según Lansera afecta «sobretodo a mucho terreno de labor y con el nuevo plan 3.500 hectáreas quedan protegidas como terreno público».
La comunidad de vecinos rechaza el que las tierras en litigio «estén abandonadas» y asegura que «el aparcelamiento estaba a punto de llevarse a cabo y lo han paralizado». Denuncian también el perjuicio económico que supone la medida «al tener que seguir pagando la contribución y no poder hacer uso de las fincas, ni tan siquiera podríamos entrar con los coches por estar protegido».
Asimismo, critican el oscurantismo «con el que la Corporación ha llevado toda la tramitación» y denuncian que «se ha detectado que existen varios beneficiados que se reflejan en el plano y que con las actuaciones quedan blindados».