«Faltan medios humanos para vigilar las presas»

El catedrático Joaquín Díez-Cascón dice que la seguridad debe ser un servicio público

J. A. GARCÍA. La seguridad de las presas hidroeléctricas –y otros diques de retención o depósito–«se labra día a día y existe la sensación de falta de presión social sobre la seguridad de estas infraestructuras». También se apunta que el control de estos muros, más o menos ciclópeos, «sea llevado por técnicos especializados e independientes de los titulares de las presas». Asimismo, se afirma «la falta de personal y de medios para la supervisión» de unas presas que encierran tras sus muros mares de agua con un potencial de riesgo para las poblaciones y los bienes. Incluso se echa en falta «una normativa con rango de Ley» para una seguridad de presas que hay quien considera «un servicio público».
Son algunos argumentos aireados durante la jornada técnica dedicada a la rotura de la presa de Vega de Tera por la Sociedad Española de Presas y Embalses, celebrada recientemente en el Ministerio de Medio Ambiente, con motivo del 50% aniversario de la tragedia de Ribadelago.
Todas las presas de la provincia de Zamora cuentan ya con los planes de emergencias aprobados, salvo Almendra, en el Tormes, y Cárdenas, Playa y Valdesirgas en la sierra sanabresa. Ahora quedan dos años para la implantación de los sistemas, de modo que, en caso de desastre, el operativo permita rescatar a la población y salvar en todo lo posible los patrimonios. Pero las presas precisan algo más que planes de emergencias, la concepción de que suponen un riesgo y el dotarlas de la máxima la seguridad para que no revienten y generen la apoteosis.
José Miguel Diéguez, de la Agencia Catalana del Agua, puso de manifiesto que «en la seguridad de las presas, a veces, se acaban remitiendo a situaciones extraordinarias, pero la auténtica seguridad de las presas se labra día a día». Echó en falta Diéguez «una demanda social del incremento de la seguridad de las presas, que son percibidas como algo suficientemente seguras». Al respecto señaló que «si el accidente tuviera lugar en otro ámbitos de locomoción, sanitario… seguramente saldría a relucir en los medios de comunicación. Especialmente si el accidente nuclear, entonces alguien se preguntaría cual es el estado de seguridad».
En su criterio, «la falta de presión social que reclame el incremento de seguridad, al final lo que hace es convencer a los órganos de decisión, ya sea empresa o administración, de continuar invirtiendo en medidas de seguridad».
«Hay que pensar que nuestro parque de presas ha alcanzado una madurez, en la cual las grandes actuaciones han pasado a mejor vida, y queda el trabajo de mejorar día a día la seguridad con actuaciones que son poco creativas y que entran en competencias con otros recursos, ya sea humanos o económicos, sobre otras necesidades».
Abogó por el uso de «una metodología común, en las diferentes confederaciones, que permitan, no clasificar, sino saber cual es la seguridad de las presas, y trazar una hoja de ruta que permita priorizar las actuaciones para alcanzar el nivel de seguridad».
El responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero, Ignacio Díaz, aludió a las dificultades para inspeccionar ciertas presas, como por ejemplo las sanabresa situadas en el Cabril y Moncalvo, por los malos accesos. «Hace unos días fueron unos ingenieros de Comisaría y a ver Puente Porto y tuvieron que ir con unos todoterrenos y con una retro por delante, que iba abriendo camino y arrastrando al todoterreno», señaló. Las fuertes nevadas y los caminos completamente inadecuados que Medio Ambiente mantiene en la sierra también repercuten en las labores de inspección o de vigilancia de las presas hidroeléctricas.
Igualmente denuncia «la falta de personal para controlar la construcción de la presas, entonces (cuando ocurrió la tragedia de Ribadelago) y ahora, porque no hay medios necesarios y es una cuestión que exige un personal dedicado expresamente a la supervisión, que debería ser casi semanal. O un contrato con una empresa». Incluso fue más allá y manifestó que a los responsables de la Administración les cae encima esa responsabilidad que, como en su caso, no está exenta de litigios.

El catedrático de ingeniería hidráulica de la Universidad de Cantabria, Joaquín Diez-Cascón defendió el posicionamiento de que la seguridad de presas debe ser un servicio público. Expresó que el hecho cierto es que la implantación de una presa afecta a muchos derechos de los ciudadanos, como la seguridad, al derecho de residencia a un medio ambiente correcto y al uso del agua.
Para Díez-Cascón debe legislarse una norma con rango de Ley, y tiene que existir un organismo regulador del prestación del servicio. Sobre el particular incidió en que este organismo tiene que ser dependiente de los poderes públicos pero independientes de los titulares, tiene que estar muy cualificado y tener las atribuciones para cumplir el control de la aplicación de los criterios de la seguridad.
Al repasar la evolución histórica del último medio siglo, subrayó que cada catástrofe trae consigo un aumento del conocimiento, nuevos controles, la elaboración de normativa técnica, la asignación de medios y mayor sensibilidad en la sociedad. Pero también manifestó que tras los efectos revulsivos de toda catástrofe, hay periodos de relajación.
Hizo referencia a cómo las roturas de presas espabilan la puesta en marcha de medidas y así la rotura de Puentes hizo considerar la creación de la Escuela de Caminos y Canales, para que los profesionales pudieran formarse, tras la rotura de Vega de Tera se creó la Comisión Permanente Grandes Presas y también la Sección de Vigilancia de presas, y tras la rotura de la presa valenciana de Tous repercutió en la puesta en marcha de un programa de seguridad de presa del Estado, que afectó a 143 presas. Este programa tuvo sus frutos y se contrató a mucho personal, se adquirió material. Fue un revulsivo y, de entrada, todo el mundo se puso las pilas.
Las revisiones no es algo sencillo, es una de actividad profesionales más complejas a las que nos podemos dedicar la gente, y necesitan preparación previa y es lógico que nos planteemos si todo ingeniero está capacitado para hacerlo. Pertenecer a un colegio no parece, de entrada, que capacite para realizar revisión de presas.
Insistió en la independencia del control, desligado del titular, Uno no puede ser juez y parte; y eso sigue y sigue, denunció.
En el desarrollo de la mesa redonda también se expuso por otro de los ponentes que «es fundamental tener en cuenta los partes meteorológicos y utilizarlos a favor de la seguridad y nunca en contra de la seguridad». «No nos debemos negar a utilizar los partes meteorológicos con el criterio muy claro del aumento de la seguridad». Se hizo saber que «las predicciones meteorológicas son una fuente de información más fiable que hace años, y, además, hay accesibilidad a ellas a través de internet. Utilizar las predicciones meteorológicas como preaviso, es fundamental. Si queremos reaccionar y no tenemos una notificación previa de que va a darse una precipitación importante estamos perdiendo un tiempo precioso, Muchos embales pequeños reaccionan de una forma rapidísima y, de estar preparados a no estarlo, cambia absolutamente».
Desde el punto de vista jurídico, indicó, «sería muy triste que ante una alarma naranjo o roja no hubiéramos hecho nada. Hay que estar preparado». Incluso se defendió «la presencia humana» en las presas y no dejarlo todo al automatismo.