El Consejo de Ministros autorizó ayer a Castilla y León a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 400 millones de euros, con el objetivo de refinanciar operaciones de crédito formalizadas anteriormente, bien mediante la firma de nuevos préstamos que los sustituyan o, en su caso, mediante la novación de los contratos suscritos que mejoren las condiciones pactadas. Esta autorización sólo ampara operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018, según informaron fuentes del Gobierno, que recordaron que las operaciones están supeditadas al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2018. Esta medida es necesaria por aplicación tanto del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades.