El personal sanitario de Castilla y León presentó 56 denuncias por vía penal en 2017 por agresiones sufridas en su puesto de trabajo. En cuatro de ellas recayó sentencia condenatoria por diversos delitos. Desde 2005, se han dictado 192 condenas por agresiones, de las cuales 44 fueron por delito de atentado y 20 por otro tipo -el resto fueron consideradas como faltas-. Además, en 2018 se ha solicitado la incoación de 51 expedientes sancionadores, según se conoció ayer en el pleno de la sección de agresiones del Observatorio de Castilla y León.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, felicitó ayer a los profesionales de Sacyl por la calificación lograda por el sistema público de salud de la comunidad en el Barómetro Sanitario del 2017.
