La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, defendió ayer que la subida del Impuesto Especial de Hidrocarburos anunciada por el Gobierno "no depende de la Junta" sino que se trata de una decisión "gubernamental" que viene amparada por la normativa europea y que, por lo tanto, está recomendada "con posibilidad de sanción". En alusión a la denuncia realizada por la Alianza Upa-Coag que cifró en 14,75 millones de euros adicionales cada año el repostaje de gasóleo en su maquinaria, Del Olmo reconoció que será un coste adicional para los agricultores, pero "de toda España", matizó.
Del Olmo incidió en que este impuesto "estatal" es una obligación de la Unión Europea para que no hubiera 17 impuestos, sino uno a nivel nacional y que fuera "igual" para todos los territorios, lo que hace alusión a la "unidad de mercado" que se está estableciendo y porque "no tiene sentido que aquí se pague más o menos que en otras comunidades", explicó.
El impuesto, en el caso de salir adelante, obligará "a todos, guste o no guste" y supondrá un incremento de precio aunque "la Junta no tiene nada que decir", aclaró. De hecho, Del Olmo recordó que el Ejecutivo autonómico estableció un impuesto autonómico "por razones de necesidades financieras acuciantes" y que lo eliminó cuando pudo.
