La mano de obra extranjera, con tanto peso en los años previos a la crisis, sigue en retroceso a pesar de la recuperación del empleo registrada en los últimos años. Las cifras que maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a las que tuvo acceso "Ical" constatan esta realidad y si en el año 2007, el último antes de la entrada de lleno de la recesión, se concedieron en Castilla y León 28.290 autorizaciones de trabajo a extranjeros, el año pasado la cifra alcanzó 1.844. No obstante, y a pesar de la diferencia, en 2017 se truncaron diez años consecutivos de caídas y las autorizaciones se incrementaron ligeramente (14) con respecto a 2016.
El primer desplome de las autorizaciones de trabajo en la comunidad se registró en 2009, cuando descendieron a 12.429 desde las 27.091 de 2008. Al año siguiente, 2010, mermaron hasta las 9.875, para elevarse ligeramente hasta las 10.383 en 2010. Desde ese año, las medidas regulatorias laborales del Gobierno aceleraron su merma que fue en aumento ejercicio tras ejercicio, con 5.784 en 2012; 4.484 en 2013; 2.237 en 2014 y 2.075 en 2015.
A nivel nacional la caída no ha sido tan pronunciada, dado que de las casi 500.000 autorizaciones de 2007 se ha pasado a las 101.623 del pasado ejercicio.
Desde el Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Castilla y León se señala que desde 2007, además de la crisis, la pérdida de empleo y la consiguiente reducción del catálogo de plazas que se oferta, también ha influido, aunque en menor medida, la incorporación de pleno derecho a la Unión Europea de los ciudadanos búlgaros y rumanos desde el año 2014, por lo que desde el año 2014, como ciudadanos de la UE, ya no están incluidos en esa estadística al igual que los trabajadores del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein), así como Suiza.
La mismas fuentes, explicaron que aunque antes no había limitaciones para trabajar por cuenta ajena, ahora, tras el cambio regulatorio que se impulso desde el Gobierno ante la profunda sangría en el mercado laboral español, sólo se pueden acceder a las profesiones que se encuentren dentro del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que determina el Servicio de Público Empleo Estatal (SEPE), o en el caso de que el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.
En ese catálogo la primera profesión es la de deportista profesional y la segunda la de entrenador deportivo. Después aparecen una serie de profesiones residuales relacionadas con la actividad naviera como frigoristas navales, jefe de máquinas de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral, mecánicos navales o pilotos de buques mercantes.
El análisis de las cifras por provincias refleja que las autorizaciones fueron mayores el año pasado en León, con 421, por delante de Valladolid (406) y Salamanca (316). En Burgos se concedieron 231, en Segovia, 155; en Palencia 96; en Zamora, 85; en Soria, 77 y en Ávila, 57.
En comparación con 2016, León experimentó el mayor crecimiento con un centenar de autorizaciones más, mientras que en Salamanca y en Segovia se contabilizaron cinco más en cada provincia, tres más en Palencia y dos más en Zamora. En el resto se registraron caídas lideradas por Burgos (-47), Valladolid (-31), Ávila (-22) y Soria (-1).
