La Junta de Castilla y León aprobó ayer el decreto que simplifica y agiliza los trámites administrativos para la creación de nuevas explotaciones ganaderas al ser una actividad económica "muy importante" para la comunidad que fija población. En concreto, se permite el inicio de determinas actividades e instalaciones ganaderas presentando una comunicación ambiental en lugar de exigir licencia ambiental previa y se determina las condiciones ambientales mínimas que deben cumplir las explotaciones, en especial las del sector porcino.

El decreto establece la obligación de presentar una comunicación ambiental de actividades o instalaciones ganaderas ante el ayuntamiento correspondiente, que deberá contener un documento técnico que incluya datos generales orientativos sobre número de animales que puede albergar la explotación, sistema de abastecimiento de agua y caudal máximo que se prevé utilizar y sistema de eliminación de cadáveres, entre otros. La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, aseguró que esta agilización administrativa no es óbice para "garantizar siempre el cumplimiento de los requisitos medioambientales y el bienestar animal". El ámbito de aplicación de esta norma son las granjas de porcino, bovino, ovino, caprino, equino, aves, cunícola, especies peleteras, especies cinegéticas y otras destinadas a producir alimentos para consumo humano o animal. Se aplicará a las explotaciones que hasta ahora estaban sometidas a licencia ambiental y además a las que ya se sometían a comunicación ambiental por tener declaración de impacto ambiental favorable.

Además, la nueva Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica garantizará por ley la provisión inmediata de alimentos y el pago de la deuda hipotecaria y el alquiler de la vivienda habitual a los ciudadanos que lo necesiten, así como prestar ayuda a los que estén en riesgo de desahucio, al pasar a ser considerados derechos subjetivos y, por tanto, prestaciones esenciales. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de ley.