Los precios públicos por la prestación de servicios en los 29 centros infantiles (hasta tres años), dependientes de la Junta de Castilla y León, bajarán entre un diez y un 20 por ciento, en función de la renta per capita de las familias. Además, se amplían las causas de exención de estas tasas a mujeres víctimas de violencia de género, a víctimas de terrorismo y a familias monoparentales en función de su rentas, según explicó la portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos. Asimismo, estos cambios se aplican a través del nuevo decreto que aprobó el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a los centros infantiles de aquellos sectores de población con menor renta disponible. De esta forma, se cumple un compromiso asumido por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en su comparecencia de presupuestos para 2017 en las Cortes de Castilla y León; en la que anunció que la Junta iba a reducir las tasas para escuelas infantiles públicas propias. Asimismo, la Junta reduce las aportaciones que realizan las familias cuyos hijos son atendidos a través de estos servicios.