09 de febrero de 2018
09.02.2018

¿Un muro de silencio en la Universidad?

Todos los centros públicos de Castilla y León disponen de protocolos contra el acoso, si bien no hubo denuncias en los últimos años

09.02.2018 | 00:48
Alumnos antes del examen de Selectividad en la Universidad de Valladolid.

Existe el acoso pero, sin embargo, en los últimos años no se ha producido ni una sola denuncia en el ámbito universitario. Se podría decir, entonces, que se trata del último muro de silencio del acoso.

La sensibilidad sobre el tema se ha manifestado en forma de elaboración y aprobación de protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en todas las universidades públicas de la Comunidad: Valladolid (UVa) y Salamanca (USAL) lo hicieron en octubre de 2014 y Burgos (UBU), en julio de 2015, mientras que la de León (ULE) acaba de aprobar el reglamento en Consejo de Gobierno.

Buscan, por un lado, evitar y tratar de prevenir estas situaciones y, por otro, aplicar soluciones rápidas con confidencialidad y procedimientos imparciales que garanticen la dignidad de la persona y sus derechos inviolables.

Sin embargo, según constató "Ical", no se ha abierto aún ningún expediente sobre el tema que derive en una sanción o en una actuación administrativa, aunque como apuntan desde diferentes sectores universitarios ello no quiere decir que no se produzca acoso o discriminación. Así, dentro de estos ámbitos ya hay voces que se plantean cambiar el modo de actuación para que quien sufre acoso se conciencie, no se inhiba y denuncie. Dar a conocer la existencia y el funcionamiento de los protocolos es, precisamente, una de las formas para luchar contra estas situaciones.

La directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU, Isabel Menéndez, reconoce que pese a que en los dos años que lleva en funcionamiento "no se ha recibido ni siquiera una consulta", sí son conscientes de "comentarios informales, sobre todo de profesoras o alumnas por ciertos malestares en la convivencia, sin llegar a conceptualizarse como acoso". "Si así fuera y se demostrase se aconseja a quien lo sufre que denuncie judicialmente, pero no se puede obligar a nadie a hacerlo", arguye. Menéndez considera que una de las mayores preocupaciones se basa en ver hasta qué punto "se visibiliza" la existencia de este tipo de protocolos o si se tiene que empezar a trabajar de otra manera "para detectar casos reales y que no exista inhibición", opina.

En la Universidad de Valladolid (UVa), la directora de la Cátedra de Estudios de Género y secretaria de la Comisión de la Igualdad, María Teresa Alario, resalta que todos los estamentos están muy involucrados en la prevención, aunque en tres años no se haya tenido que actuar.

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