Las consejerías de Fomento y Educación, las federaciones de padres de alumnos y de estudiantes que integran la comunidad educativa, los sindicatos UGT y CC OO y la patronal del transporte acordaron ayer actuaciones que permitan conseguir en poco tiempo que en los convenios colectivos se autoricen controles de alcohol y drogas en las revisiones médicas voluntarias anuales a los conductores. El objetivo se centra en evitar que puedan darse casos como las pruebas positivas detectadas recientemente en dos rutas escolares de la Comunidad por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para ello, ayer se suscribió un protocolo en el que se incluye, además, que las aludidas pruebas de alcohol y drogas sean de carácter aleatorio y obligatorio, con las debidas garantías, para aquellos conductores que vayan a realizar un servicio de viajeros. Así, se constituirá un grupo de trabajo en el ámbito del transporte escolar que redactará medidas de formación, prevención y detección que sirva como buena práctica en el sector.

"Este protocolo surge de las dos denuncias a conductores que realizaban rutas de transporte escolar y la colaboración de todas las partes es clave para mejorar aún más el sistema de seguridad, que es alto y se realiza con mucha profesionalidad salvo excepcionalidades, aunque es evidente que no debe existir ninguna", tal y como explicó ayer el consejero de Educación, Fernando Rey.

A esta opinión se unió la del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, que indicó que la colaboración con su homólogo en Educación es "fructífera e ilusionante" teniendo en cuenta que el transporte por carretera "es muy usado y esencial" para vertebrar un territorio extenso y disperso como el de Castilla y León. "Los dos positivos por drogas en conductores se han dado en 17.000 rutas con 15.000 autobuses y 280.000 expediciones diarias, 3.800 de ellas de escolares sin incidentes reseñables, pero hay que buscar la excelencia en el trabajo", expuso.

Los acuerdos alcanzados incluyen además de la principal medida ya citada la promoción de la cultura de la salud a través de la formación con campañas específicas, junto a la aprobación de un acuerdo marco autonómico como ámbito adecuado para atender aquellas condiciones de trabajo que afectan al sector transportista como pueden ser la jornada laboral y la prevención de riesgos. Por el lado de los sindicatos mayoritarios, Juan Carlos Cáceres, sostuvo que "no debe crearse alarma si no actuar para poder prevenir situaciones de consumo de alcohol y drogas incompatibles con la conducción", sostuvo. Marina Álvarez, de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Castilla y León (Confarcale), exigió que "el personal que conduce sea aún más sensible".