Las Cortes de Castilla y León instaron ayer a la Junta a que se dirija al Gobierno de España a aprobar las medidas necesarias para igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años. La iniciativa del Grupo Popular contó con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, frente al rechazo de Podemos y el Grupo Mixto. Asimismo, el texto plantea que las nuevas recomendaciones que elabore la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, una vez analizadas con los agentes sociales, se remitirá al Senado un calendario en el que se asuma paulatinamente la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.

La popular María Ángeles García Herrero, que trasladó la enhorabuena por la maternidad a la procuradora socialista Laura Peregrina, reclamó una reforma efectiva de los permisos por nacimiento, adopción o acogimiento y apostó por seguir por la "senda segura". Señaló que esta reforma, que tiene prevista su implantación gradual, pretende modernizar la regulación para garantizar la compatibilidad del empleo de calidad con la maternidad o paternidad.

Por otro lado, las Cortes rechazaron ayer con los votos del Grupo Popular una proposición que instaba a la Junta a asumir la gestión de las residencias de mayores y centros de discapacidad que están en manos de las diputaciones provinciales y los municipios. La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, acusó a la Junta de hurtar recursos a las entidades locales y denunció que la "fiesta" de la Junta siempre la "paga otro".

Los grupos parlamentarios han protagonizaron un cruce de acusaciones respecto a casos de adoctrinamiento de los niños en las aulas con motivo de una PNL del PP para reforzar la Alta Inspección Educativa de modo que pueda actuar de forma "rápida y eficiente" contra cualquier tipo de actuación de violencia escolar, acoso, discriminación o incitación al odio a los menores de edad en las aulas, propuesta que ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos y del procurador de UPL. Sin embargo, los grupos parlamentarios Socialista y Podemos y el procurador de IU-Equo, José Sarrión, votaron en contra de una iniciativa "tramposa" que, para la procuradora de Podemos Lorena González busca implantar tribunales políticos educativos para intervenir educativamente todas las comunidades.