El documento remitido ayer por la Junta de Castilla y León al Ministerio de Hacienda analiza los regímenes forales del País Vasco y Navarra como un "notable caso de lo que la doctrina hacendística ha denominado federalismo asimétrico" y que generan una serie de "perjuicios" al resto de autonomías. "Es necesario abordar esta cuestión en la reforma del sistema de financiación autonómica", concluye el epígrafe dedicado a "La cuestión de los regímenes forales", insertado en el apartado titulado "Sostenibilidad del Estado del bienestar y nivelación vertical".

Aunque el documento asume el régimen foral de ambas autonomías como "plenamente constitucional", el texto añade que "lo que ya no es conforme con la Constitución es que la diferencia entre el régimen foral y el régimen común suponga una discriminación de las comunidades de régimen común", que la Junta observa "cuando la financiación por habitante" de las forales es "muy superior" a la media de las autonomías de régimen común.

El texto plantea que este resultado "no es consustancial al régimen foral", sino que se produce "por una defectuosa aplicación práctica de este régimen", y en concreto porque "las cantidades que las haciendas forales vascas pagan al Estado son muy inferiores a las que resultarían en el caso de aplicar los principios y reglas básicas de las relaciones financieras entre Estado y haciendas forales establecidos en la Ley del Concierto".

Esta situación "provoca perjuicios" a las autonomías de régimen común, en concreto a la hora de recibir transferencias estatales y ajustes "sesgados a favor de las haciendas forales" en el caso de la recaudación cedida del IVA y otros impuestos especiales. El informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda insiste en que, al disponer de una mayor financiación, País Vasco y Navarra "no soportan la misma presión" a la hora de obtener ingresos por la vía tributaria, por lo que se producen "situaciones de competencias fiscal desleal". Tal y como anunció el jueves la consejera, Pilar del Olmo, el documento ha sido remitido al Ministerio y a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León, con los que el Ejecutivo autonómico suscribió un acuerdo sobre los criterios que defenderá esta Comunidad en la negociación emprendida.

Por último, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dio ayer "imposible" que pueda haber un acuerdo para la nueva financiación autonómica de "aquí a finales de año".