La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a dos años de cárcel a una trabajadora de la oficina del Registro de la Propiedad de Riaza como autora "criminalmente responsable" de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Durante cinco años, tramitó cerca de 70 expedientes de forma irregular o anómala. La sentencia no es firme, y se puede interponer recurso de apelación, ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La acusada trabajó, entre 2004 y 2009, como oficial primera en la oficina liquidadora del Registro de la Propiedad de Riaza. Durante estos años, exigió a varios particulares la entrega de "diferentes cantidades de dinero en metálico", por las cartas de pago de las operaciones que se iban a inscribir, generalmente compraventas.

Se trataba de una actividad totalmente ilegal, ya que la ley exige a los particulares que ingresen primero las cantidades en cuentas restringidas y establecidas, para acudir posteriormente con el justificante de pago al Registro de la Propiedad para su inscripción.

Según recoge la sentencia, queda probado que la acusada para dar apariencia de legalidad a la operación tenía varios procedimientos. El primero era colocar en el modelo de la autoliquidación una pegatina distinta de la que correspondía, normalmente un expediente registral liquidado de forma legal, o bien, una pegatina en blanco.