La exviceconsejera de Economía y máxima responsable de Gesturcal Begoña Hernández reconoció ayer ante el juez que intentó paralizar la compra de los terrenos del parque empresarial de Portillo (Valladolid) por ser una operación "excesiva" y "complicada desde el punto de vista financiero".

Hernández prestó declaración durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado de investigar un presunto delito de malversación en el proceso de adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como "La Perla Negra", en Arroyo de la Encomienda, así como en el fallido polígono industrial de Portillo y el alquiler de sede de la Fundación ADEuropa en Bruselas.

En la jornada de ayer también declaró su antecesor en el cargo, Rafael Delgado, que en el año 2007 dejó de ser viceconsejero de Economía para ocupar la secretaría general de esta consejería, que desmintió algunas de las afirmaciones de Hernández, a la vez que argumentó que hay una estrategia orquestada desde la Junta para que recaigan sobre él toda las responsabilidades, y apuntó a una comparecencia de Begoña Hernández en las Cortes de Castilla y León el 31 de marzo de 2009 en la que, según Delgado, justificó la compra del edificio de Arroyo por el ahorro que supondría para las arcas de la Junta el cierre de varias sedes que en esos momentos estaban alquiladas. Begoña Hernández, número dos del exconsejero Tomás Villanueva en su última etapa en la Junta, explicó que la compra del edificio de Arroyo se hizo de acuerdo a la tasa pericial y a la empresa más barata. Además, calificó su actuación al frente de Gesturcal y en ambas operaciones de "profesional" y aseguró que se dedicó a dirigir los debates en el seno del Consejo de Administración y a cumplir los trámites administrativos de las operaciones.

Por su parte, según fuentes judiciales, Delgado sostuvo que la compra del edificio de Arroyo había sido consensuada entre los distintos departamentos de la Consejería de Economía, a la vez que recalcó que las decisiones últimas procedían siempre del propio Tomás Villanueva.

Sobre la compra de los terrenos de Portillo, Delgado también insistió que fue una decisión que partió directamente desde el consejero y que incluso se incluye en una propuesta de trabajo de la Junta con fecha de 2008. En este sentido, entró en contradicción con lo manifestado por Hernández, ya que Delgado aseguró que fue ella misma la que negoció la compra y la que, previamente, informó al consejo de administración de Gesturcal.

Las mismas fuentes, coincidieron en señalar que Delgado y Hernández se inculparon mutuamente a la hora de señalar la responsabilidad en la operaciones de Arroyo y Portillo. Así, desde la defensa de Delgado se criticó que todas las personas que han tenido o que tienen responsabilidad en la Junta y que han pasado a declarar durante el proceso de instrucción apuntan a su cliente, argumentado que él diseño la trama y tomaba y ejecutaba todas las decisiones en la Consejería de Economía. Así, recordó a partir de 2007 Begoña Hernández, como viceconsejera, estaba en el escalafón por encima de Rafael Delgado, que pasó a ocupar el cargo de secretario general.