La Universidad de Salamanca elegirá a su nuevo rector el 20 de noviembre. Así lo decidió hoy la Junta Electoral, presidida por el profesor titular de Derecho Constitucional Agustín Sánchez de Vega, tras la convocatoria de elecciones realizada ayer por el actual rector, Daniel Hernández Ruipérez.
Para ser definitiva, la votación del día 20 de noviembre requerirá que uno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos ponderados. En caso contrario, se producirá una segunda vuelta el jueves 30 de noviembre entre los dos candidatos más votados de la que saldrá, ya con la mayoría simple de los votos, el nuevo rector de la Universidad de Salamanca.
La votación, que como recordó Sánchez de Vega cobra “especial importancia por ser el equipo de gobierno que va a dirigir la Universidad de Salamanca durante su VIII Centenario”, tendrá lugar entre las 11.30 y las 17.30 horas. Están convocadas a las urnas entre 28.000 y 29.000 personas pertenecientes a la comunidad universitaria salmantina.
Esta cifra se divide entre los más de 22.000 estudiantes de Grado, que con la atribución ponderada a los distintos sectores de la comunidad universitaria supondrá un 21 por ciento del resultado final, casi 3.000 estudiantes de Máster y doctorado, que representan un cinco por ciento del peso electoral, alrededor de 1.200 personas del Personal de Administración y Servicios, representando el 9 por ciento del resultado, y en torno a 2.600 profesores que suponen el resto del porcentaje.
Por otro lado, el catedrático Ricardo Rivero ha presentado el proyecto y al equipo con el que aspira a ser el próximo rector de la Universidad de Salamanca (USAL), una propuesta que pretende ser "opción de cambio" frente a un modelo "agotado".
En compañía de los miembros que le acompañarán en el Rectorado de ser elegido, y junto a un centenar de personas, Rivero ha dado a conocer en el Edificio Histórico de la USAL las líneas estratégicas con las que pretende "renovar, cambiar, mejorar la Universidad de Salamanca".
En cuanto al programa, ha explicado que presenta un documento de unas 100 páginas, en las que se incluyen medidas "urgentes", para aplicar ya en el presente curso, y otras para su puesta en marcha a lo largo del presente mandato.
Así pretende que el personal docente, investigador y de administración y servicios "recuperen derechos perdidos" en los últimos años, así como "pelear por la bajada de tasas" o promover "una mayor apertura a la sociedad" de la institución, entre otras medidas.
