El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto, ha decretado la extinción de la responsabilidad penal del que fuera consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, en los casos de sobrecostes en la compra de el edificio conocido como "La Perla Negra", los terrenos en Portillo para un fallido polígono industrial y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, no así la responsabilidad civil de sus herederos.

Así lo dictamina en un auto en el que, conforme a la solicitud que había sido cursada por el letrado defensor de Villanueva para que quedara extinguida su responsabilidad penal por fallecimiento durante la madrugada del pasado día 7 de septiembre en su casa de la urbanización El Montico, en Tordesillas (Valladolid).

El instructor recuerda que en virtud del artículo 130 del Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue por la muerte del reo. Asimismo, prevé el artículo 115 del mismo cuerpo legal que la acción penal se extingue por la muerte del culpable, "pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y/o causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil", medida que podría afectar a las más de ochenta cuentas en una decena de entidades bancarias españolas vinculadas al exmandatario y sus familiares y cuyos saldos aún se desconocen.

Pero además, la última novedad en la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, que había citado a Villanueva a declarar en calidad de investigado el próximo día 27 de noviembre, se produce en forma de escrito de carácter anónimo recibido por el instructor en el que se denuncia el elevado nivel de vida que éste poseía, por encima de las posibilidades que le permitía su sueldo de consejero.

La misma petición de extinción de la responsabilidad penal de Villanueva la tiene formulada su abogado, Juan Manuel García-Gallardo, ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid que investiga la denominada "trama eólica" relativa a la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en Castilla y León cuya agilización habría estado vinculada, supuestamente, al cobro de comisiones por parte de altos y exaltos cargos de la Administración regional.