Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad que el Gobierno no prorrogue la concesión de la autopista de peaje de la AP-1 y que "a la mayor brevedad" se firmen los convenios para derivar el tráfico pesado de la N-1 entre Miranda de Ebro y Burgos por la autopista, así como en la N-VI en la travesía de San Rafael por la AP-6. La propuesta socialista salió adelante después de un cruce de reproches entre los procuradores Virginia Jiménez (PSOE) y Ángel Ibañez (PP), y la critica de Félix Díez (Podemos), que culpó de inacción a ambos. El texto final recogió la enmienda "popular" para la firma del convenio entre la Junta y Fomento para desviar el tráfico pesado en los tramos de la N-1 y N-VI por el peaje hasta su liberalización.