La Junta de Castilla y León descarta que el nuevo impuesto o hecho imponible que gravará los residuos radioactivos, por el proceso de cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), afecta a inversiones empresariales en otros puntos de la comunidad, según aseguró la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien sostuvo que el criterio que las determina es la rentabilidad económica. En ese sentido, Del Olmo negó que el nuevo impuesto pueda conllevar que Endesa modifique su política de compra de carbón autóctono.
