El exdirector de Ibercyl, Ricardo Bravo, que durante años fue el responsable de Iberdrola en Zamora y en Castilla y León, aseguró que la exigencia de la Junta de Castilla y León de contar con un socio local para poder acceder al mercado de la energía eólica era una práctica habitual que también se producía en la mayoría de las comunidades y en muchos países, ya que la intención de los ejecutivos autonómicos era que parte del beneficio retornara al lugar del origen. En su declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Valladolid que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, Ricardo Bravo también confirmó que esta "condición necesaria" era conocida en todos los niveles de la Consejería de Economía, según confirmaron a la Agencia Ical fuentes judiciales. Al mismo tiempo, y en una declaración que superó las dos horas, también hizo referencia a un decreto de la Junta en el que se establecía esta condicionalidad, y aseguró que su empresa siempre actuó con total libertad.
