La Junta de Castilla y León solicita al Gobierno de España que autorice la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) hasta el año 2031, con el objetivo de que durante este periodo la propietaria, la empresa Nuclenor, compuesta por Iberdrola y Endesa, puedan amortizar la inversión que exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su último informe, en el que considera que la planta atómica puede operar con seguridad.

Ésta es una de las alegaciones que figuran en el escrito remitido por el Gobierno autonómico al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el procedimiento administrativo abierto para decidir el futuro de la central nuclear burgalesa, en el que podrán participar otras diez instituciones y organizaciones. El Ejecutivo también recuerda que no existe una alternativa económica en esta zona, donde es además la principal industria, según avanzó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

En ese sentido, la Junta expresa su posición "totalmente favorable" a la explotación de la planta atómica, que se encuentra en situación de parada técnica desde diciembre de 2012, puesto que explica que de lo contrario se produciría una "merma" en la actividad económica y del empleo que según Del Olmo sería "inasumible" para Castilla y León. La consejera recordó que la central daba trabajo cuando estaba operativa a unos 600 trabajadores de forma directa, si bien en determinados periodos, como las revisiones o recargadas, puede alcanzar el millar.

Por ello, el Ejecutivo autonómico propone que la central esté operativa hasta el año 2031, es decir, otros 14 años, de acuerdo -recalcó Pilar del Olmo- al último informe del CSN y a la revisión periódica que indican que la central cumple las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica. La titular de Economía señaló que son "determinantes" por lo que la Junta aboga por que se amplíe el periodo de funcionamiento. "Queremos que se renueve la explotación hasta 2031", expresó la consejera sobre la autorización de la central, una cuestión que separó de la decisión que adopte Nuclenor sobre la reapertura, puesto que una de las empresas apuesta por retomar la actividad y la otra, por clausurar las instalaciones. De momento, insistió Pilar del Olmo, el proceso se encuentra en el punto de recogida de enmiendas de las once entidades personadas en el procedimiento administrativo.