La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, animó ayer a los profesionales del sector agrario a solicitar avales para préstamos por la sequía y las heladas, que cuentan con un valor total de 150 millones de euros en dos órdenes que respaldan la histórica política de seguros agrarios que ha desarrollado España en las últimas cuatro décadas.

De esta forma, García Tejerina contestó a Asaja, organización que denunció la semana pasada que la empresa pública Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) estaba denegando el 30% de las solicitudes de avales para préstamos al sector agrario, un requisito para poder beneficiarse de la bonificación de intereses. La ministra, al respecto y durante una visita a la Escuela Internacional de Cocina "Fernando Pérez", de la Cámara de Comercio de Valladolid, envío un mensaje de "tranquilidad" al sector para que esas afirmaciones "no desincentiven a los agricultores". En estos momentos, informó, se han concedido ya préstamos por valor de 12 millones de euros, cuando el total de las presentadas asciende a 50 millones -que están en estudio-, lo que significa "que hay un margen aún importante". En este sentido, comentó que no se ha llegado aún a los 90 millones comprometidos, pero que ello no es óbice para tramitar ya otros 20 millones adicionales. A ellos se suman otros 40 millones de otra orden específica para los sectores afectados por la sequía y que la ministra ya anunció en otra visita a Valladolid. En todo caso, aclaró que "no es un tema de presupuesto", como señaló la organización agraria, ya que el "colchón" se va a ampliar, además de la línea adicional.

Por otro lado, anunció que el lunes solicitará en el Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas el anticipo de hasta el 85% de las ayudas de la PAC en las medidas de Desarrollo Rural. También habló de la batería de medidas puesta en marcha entre su departamento y la Junta, que incluyen, entre otros, exenciones en la Seguridad Social, la reducción del canon de regantes en el Duero y otras propuestas solicitadas por las organizaciones agrarias, "excepto la salvedad de preservar la política de seguros agrarios".