La Junta de Castilla y León, a través de una partida presupuestaria, garantizará todos los años una financiación estable para sus 14 cámaras de comercio, que se canalizará a través de una nueva Cámara de Comercio autonómica, para que puedan sobrevivir sin problemas y cumplir con sus prestaciones obligatorias.
Esta es una de las novedades del anteproyecto de la Ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León que ayer llegó al Consejo de Gobierno para continuar con su tramitación y que detalló en rueda de prensa la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.
La principal novedad, ya anticipada, es que habrá una única cámara de comercio autonómica, que no sustituye a las nueve provinciales y cinco locales que hay en la comunidad sino que coordinará a todas y además será la interlocutora con la Junta y otras entidades autonómicas.
Otra novedad es la financiación, ya que hasta ahora la Junta subvencionaba actuaciones concretas con las que colaboraba con las Cámaras, como programas de emprendimiento del medio rural o en las ventanillas empresariales, pero si "una financiación estable", precisó Del Olmo.
Una vez que se apruebe el proyecto de ley, al que todavía le queda "un rosario" de trámites para llegar a las Cortes regionales para su debate y votación, "se les garantizará una financiación estable ligada a los objetivos de la política económica de la Junta", ha precisado la consejera de Economía.
La financiación la aportará la Junta a la cámara autonómica, que será quien la distribuya entre las locales, y esta entidad cameral contará con un pleno, que sustituye al actual consejo regional de cámaras.
Composición
Tendrá el pleno 25 vocales, entre ellos los 14 presidentes de las otras tantas cámaras de la Comunidad, nueve vocales en representación de las grandes empresas, una por cada provincia, que serán propuestos por la Cámara autonómica, y finalmente dos vocales que serán personas de reconocido prestigio en la vida económica y se nombrarán a iniciativa de la patronal CECALE.
El anteproyecto también recoge también las obligaciones que tienen estas corporaciones de derecho público en materia de transparencia.
Se plantea que las cámaras harán públicas en su página web las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables así como, en su caso, las indemnizaciones recibidas por el cese en su cargo.
Igualmente, deberán publicitar, ha detallado la consejera de Economía y Hacienda, las subvenciones u otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el ejercicio de sus actividades.
Por último, determina la incompatibilidad de los altos cargos de las cámaras -presidentes, directores gerentes y secretarios generales- con cargos representativos de función análoga en las asociaciones, federaciones y confederaciones de carácter empresarial, tanto nacional como autonómico, provincial o local.
