La Agencia Tributaria desmanteló una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en un periodo de tres años. La operación se saldó con la detención de 19 personas, cinco de ellas en prisión sin fianza y registros en seis provincias, Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante, así como el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo.
La denominada operación "Sith", en la que participaron 70 funcionarios tanto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 de mayo.
Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, se efectuaron once registros en las seis provincias, durante los cuales se obtuvo abundante documentación en soporte papel e informático sobre las operaciones fraudulentas detectadas, y cuyo análisis permitirá añadir nuevos elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial desarrollada con carácter previo.
La investigación judicial arrancó con una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha, con apoyo de la unidad de tramas de la ONIF y de la Fiscalía, así como con la colaboración de las áreas regionales de Inspección de Valencia y Castilla León y las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla León y Valencia, en funciones de policía judicial. En la actualidad la operación sigue su curso y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales.
Las pesquisas, iniciadas por la ONIF y la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha, se centraron en una trama de empresas dedicadas al fraude del IVA en el sector informático y electrónico, y fueron desarrolladas conjuntamente por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha y la Jefatura Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de esa autonomía, señala un comunicado.
Los investigados habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal.
La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización. Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España.
