El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que investiga presuntas concesiones irregulares de parques eólicos, ha rechazado, por segunda vez, que la Junta pueda personarse en el caso como acusación particular, sin perjuicio -añade el tribunal- que puede solicitarla como acusación popular. La titular del Juzgado ha dictado un auto en el que señala, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, que la Junta carece de la condición de perjudicado por los delitos objeto del procedimiento.

Se trata de la segunda vez que la jueza rechaza la personación de la Junta en este caso después de que la semana pasada no diera su visto bueno a que el Gobierno autonómico estuviera en el proceso.

Sede en Panamá

Por otro lado, varios grupos de la oposición pidieron ayer a la Junta de Castilla y León que aclare las circunstancias en que se instaló y funcionó una oficina comercial de la empresa participada Excal en Panamá, vinculada a la constructora burgalesa Arranz Acinas. Todos ellos han reaccionado a la publicación de una información de eldiario.es que apunta a que la Junta firmó un convenio con la constructora para que contratara a una persona y albergara sus actividades de promoción comercial de los intereses de Castilla y León en Panamá.

El primero en referirse a esta cuestión ha sido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha considerado un "escándalo y una vergüenza" que la Junta haya "negado la existencia de esta sede de forma constante". El representante del PSOE Javier Izquierdo ha denunciado la falta de información de la Junta sobre estas cuestiones y, en concreto, ha calificado de "una mentira más" el hecho de que nieguen la existencia de oficinas en el exterior que finalmente sí existen para "hacer cosas feas".