Castilla y León recibirá este año 112 millones de euros para la ejecución de los servicios y programas incluidos en los ejes de políticas activas de empleo, modernización de los Servicios Públicos de Empleo y ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social, según aprobó ayer el Consejo de Ministros.
La cifra supone un 6,84 por ciento más que el año pasado. La propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, significa dar luz verde a una cifra nacional de 1.893,3 millones, un 5,14 por ciento más. Así se resume el acuerdo de distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), correspondiente a los criterios objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
La cantidad que tendría que inicialmente distribuirse entre las comunidades autónomas en base a los criterios aprobados en Conferencia Sectorial, según las cifras del presupuesto de 2016 (prorrogado en 2017), ascienden a 1.801 millones de euros (1.777 corresponden al Servicio Público de Empleo y 24 al Ministerio). Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal tramitó una transferencia de crédito con objeto de aumentar esa cantidad en 92,5 millones adicionales.
Así, la cantidad total a distribuir entre las comunidades en 2017 asciende a 1.893,3 millones de euros, un 5,14 por ciento más que la distribuida en 2016. El reparto de los fondos está orientado a resultados, según el modelo que se empezó a implementar en 2012, basado en criterios objetivos y aprobado por Gobierno y comunidades autónomas en Conferencia Sectorial.
A su vez, en la distribución se incluyen 129 millones para financiar la primera parte del Programa de Acción Conjunto para la Mejora en la Atención a Parados de Larga Duración en 2017 que se distribuirán de acuerdo con el número de potenciales beneficiarios a atender en cada comunidad medido a 31 de diciembre de 2016.
Por otro lado, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, y la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, rubricaron ayer por la tarde un convenio en Valladolid por el que se invertirán 200 millones de euros en la modernización de 30.000 hectáreas de regadío de la comunidad.
Tanto García Tejerina como Marcos coincidieron en señalar la importancia de estas inversiones, dado que unos sistemas de riego modernizados son fundamentales para fijar población en el medio rural y mejorar la competitividad del sector. En este sentido, la consejera de Agricultura apuntó que lo estudios demuestra que los nuevos sistemas de riego suponen un ahorro de agua del 20 por ciento y un ahorro energético de combustibles del 35 por ciento. Además, Marcos afirmó que las modernizaciones de regadío que se llevan a cabo en el sector agrario de Castilla y León lo convierten en atractivo para los jóvenes.
