La primera etapa de esta legislatura (2015-2019) ha deparado una menor aprobación de leyes en las Cortes remitidas por el Ejecutivo, cuya producción ha caído a la mitad en comparación con el mismo periodo de la anterior etapa, debido a que el Grupo Popular, en un hemiciclo más plural, no dispone de la mayoría absoluta y tiene que pactar con alguna de las formaciones de la oposición, en concreto, con Ciudadanos.
En los dos primeros años de la legislatura 2011-2015, el pleno de las Cortes había aprobado 12 leyes, entre ellas las de presupuestos -proyecto que acaba de entrar para este año-, mientras que el número de normas ratificadas por la Cámara hasta ahora es de seis, la mitad cuando faltan unos meses para llegar al ecuador de este mandato, el último de Juan Vicente Herrera, que ya ha dicho que no será candidato en las próximas elecciones.
Las dos normas de mayor calado que han entrado en vigor llevan la firma de la Consejería de la Presidencia.
Se trata de la ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes y la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En ambos casos, el Grupo Popular contó con el apoyo de Ciudadanos, igual que la aprobación de las cuentas de 2016 salieron adelante con la abstención de la formación naranja.
La calidad sobre la cantidad valora el secretario general del Grupo Popular en las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, que califica de "satisfactorio" el nivel de las normas aprobadas y menciona las leyes de los altos cargos, garantías de los informantes y Red de protección, aunque admite una menor producción normativa en un análisis comparativo.
La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, atribuye el menor número de leyes a la pérdida de la mayoría absoluta y a la "incapacidad" del PP para llegar a acuerdos en un nuevo escenario y subraya que al final "quien paga son los ciudadanos". Así, recuerda que los populares tumbaron su proposición de ley para blindar los tiempos de demora en la sanidad pública.
