Los pequeños municipios de la comunidad están dispuestos a ceder un 24 por ciento de sus competencias a las mancomunidades para una mejor y eficaz prestación de los servicios a sus vecinos, y las diputaciones provinciales aceptan el traspaso del 7 por ciento a los consorcios, según un estudio de la Consejería de la Presidencia con el que se afronta la aprobación de la cartera de servicios común y homogénea del nuevo modelo de ordenación territorial. El director general de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta, Luis Miguel González Gago, expuso estos datos en la jornada Smart Rural territorios rurales inteligentes organizada por el Aula de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en la que presentó el modelo de prestación de servicios en el territorio de Castilla y León en el marco.

González Gago explicó que en la actualidad el promedio de competencias mancomunadas es del 7 por ciento y detalló algunos datos del estudio de la Consejería de la Presidencia, tras hablar con alcaldes y representantes del mundo local, para la elaboración de la cartera de servicios comunes y homogéneos de las futuras mancomunidades de interés general, cuya creación, siempre voluntaria, se recoge en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada en septiembre de 2013 con el consenso de PP y PSOE.

La pregunta a los alcaldes y concejales fue lo que hace bien solo un ayuntamiento y lo que no y es mejor juntarse, precisó González Gago, que reseñó como los municipios entre 0 y 1.000 habitantes se mostraron a favor de ceder un 25 por ciento de sus competencias a las mancomunidades, los de 1.000-5000 un 23 por ciento y los de 5.000-20.000 sólo un 5 por ciento.

González Gago destacó que sólo 25 de las 237 mancomunidades actuales cumplen al contar con un presupuesto y su fiscalización por el Consejo de Cuentas y defendió la creación del "nuevo tipo" de mancomunidades de interés general, siempre voluntarias y coincidentes con la zonificación inferior a la provincia de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio (Ubost), recogidas en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. El director general recordó que, una vez que se aprobó por consenso esa ley y la de áreas funcionales estables, solo falta la ratificación del proyecto de ley de los mapas rurales.