El Gobierno y las comunidades autónomas se dieron ayer tres meses para tener cerrado un informe técnico que recoja un diagnóstico sobre el sistema de dependencia en España y su financiación.
Esta es una de las conclusiones de la reunión constitutiva de la comisión para el análisis de la situación de la dependencia a la que asistió el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, y responsables de las siete comunidades con competencias en esta materia: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia y Castilla y León, y que es fruto de la Conferencia de Presidentes. Antes de este informe técnico y en un plazo de cuatro o cinco semanas, la comisión deberá haber elaborado un borrador donde se aborden las áreas de mejora.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha subrayado que la comunidad es referente en dependencia y atiende actualmente a 85.000 dependientes.
García ha valorado que en Castilla y León la dependencia ha generado hasta 50 empleos para cada millón invertido.
"Eso nos posiciona dentro del grupo para poder hablar e incluso alguna comunidad, como Cataluña, nos ha pedido información sobre cómo gestionamos el tema", ha comentado García.
