La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha obligado al Estado a devolver 405.451,62 euros a Castilla y León como consecuencia de la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea a España por importe de tres millones en el procedimiento de cierre del Programa Operativo de Fomento del Empleo Objetivo 1. De esta forma se anula en parte el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de junio de 2015 que estableció en 810.903,26 euros la repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea contra la Comunidad.
Dicha repercusión, aprobaba en el acuerdo impugnado, se realizó como consecuencia de la corrección financiera por defectos en los controles realizados por organismos de Castilla y León sobre operaciones que habían sido objeto de cofinanciación en el citado Programa Operativo. En su demanda, el gobierno autonómico solicitó que se declarara nulo de pleno derecho o, subsidiariamente anulable, el acuerdo recurrido con devolución del dinero, más los intereses legales correspondientes.
